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En torno a las 9:15 horas, la dirigente socialista se ha presentado en las instalaciones judiciales, donde estaba citada.
Según ha informado el diario Levante-EMV, Luisa Salvador, la alcaldesa de El Puig ha acudido durante la mañana de este lunes a los juzgados de Massamagrell, donde estaba citada a declarar como investigada por un presunto delito de prevaricación.
Concretamente, en torno a las 9:15 horas, la dirigente socialista se ha presentado en las instalaciones judiciales, para responder a las preguntas del juez.
Recordemos que a principios del año pasado se interpuso una denuncia, ante la Fiscalía Anticorrupción, por los grupos del Partido Popular y Ciudadanos de El Puig por un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Asimismo, en la denuncia se detallaba que los hechos ocurrieron en noviembre de 2019 cuando, presuntamente, la alcaldesa socialista y dos de sus concejales amenazaron a la interventora si no modificaba el contenido del informe crítico con la gestión de eso pagos. Al parecer, al no acceder la inventora la alcaldesa decidió, como represalia, no prorrogar la comisión de servicios de la que se beneficiaba la habilitada nacional.
Dichos informes de la interventora revelaron, meses antes, del abono de «horas extraordinarias, gratificaciones y productividades de una forma irregular, en ocasiones sin justificación horaria, en otras ocasiones sin justificación de los informes técnicos preceptivos o en su caso no ajustados a lo que establece la ley».
La ilegalidad detectada corresponde al ejercicio 2018, donde la interventora detalló que aleatoriamente había analizado 213 nóminas de 56 empleados. Con todos los datos recabados decidió emitir un informe , dando el correspondiente plazo de diez días para que el departamento de Personal aportara alegaciones. Por ello, el 12 de noviembre, dos meses después, las conclusiones pasaron a ser definitivas, sin que recibiera documento alguno, según la habilitada nacional.
Por todo esto, tanto PP como Ciudadanos establecen que los tres podrían haber cometido delitos de malversación de caudales públicos, coacciones y amenazas, además de otro delito por prevaricación administrativa.
