El Ayuntamiento de Elche ha decidido tomar medidas para blindar la transparencia en el acceso a la vivienda pública. El alcalde, Pablo Ruz (PP), ha anunciado que el nuevo programa municipal «Casa Fácil» incluirá cláusulas de exclusión específicas que impedirán por contrato que concejales de la corporación, asesores y altos cargos puedan optar a una vivienda de protección oficial (VPO). Esta decisión busca garantizar que las 240 viviendas proyectadas en el municipio se destinen exclusivamente a ciudadanos que cumplan con los requisitos legales y de necesidad, cerrando la puerta a cualquier tipo de privilegio institucional.
Este movimiento del gobierno ilicitano, compuesto por la coalición de PP y Vox, se produce en un clima de fuerte sensibilidad social tras el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante concedidas a cargos del PP. En la ciudad vecina entre los nombres señalados figuran perfiles de alto nivel como el de Adrián Santos Pérez, exconcejal de Urbanismo y actual director general de Relaciones con las Cortes, o la edil Rocío Gómez. Estas situaciones han generado un intenso debate sobre la ética en la gestión de recursos públicos y el uso de inmuebles diseñados para familias con rentas limitadas por parte de responsables políticos con salarios públicos elevados.
Para evitar que una polémica similar empañe la gestión en Elche, el consistorio ha diseñado un sistema de control exhaustivo liderado por la empresa municipal PIMESA. No solo se ha prohibido el acceso a la cúpula política, sino que se ha establecido un mecanismo de verificación y validación de requisitos mucho más riguroso para todos los solicitantes. Cada persona interesada en el lote de viviendas que se adjudica provisionalmente este jueves deberá firmar un documento obligatorio de ausencia de incompatibilidades, asegurando bajo juramento que no existe conflicto de intereses ni irregularidades en su petición.
Además de las restricciones directas a los cargos públicos, el alcalde Pablo Ruz ha confirmado que se habilitará un canal de denuncias seguro y confidencial. Esta herramienta permitirá que cualquier ciudadano alerte sobre posibles fraudes o intentos de falsear información para acceder al plan. Con estas garantías, el ejecutivo municipal pretende asegurar que el Plan Casa Fácil sea un modelo de limpieza administrativa, subrayando que la vivienda pública es un recurso pensado para proteger a las personas y no para alimentar abusos de poder o beneficios particulares.
