El Ayuntamiento de Benidorm presentará un recurso de casación contra la sentencia que condena al Consistorio a pagar 283.055.750,12 euros, más los correspondientes intereses legales (50 millones), unos 333 millones en total, a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada.
Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, que ha mantenido una Junta de Portavoces para informar a los grupos de la Corporación municipal y, posteriormente, ha comparecido para dar a conocer este fallo, que no es firme y contra el que todavía cabe recurso.
Pérez ha avanzado que, en primer lugar, los servicios jurídicos municipales van a solicitar al TSJ una aclaración de la sentencia. El siguiente paso será la interposición de un recurso de casación, con el claro y único objetivo de “seguir defendiendo el interés general».
Este fallo judicial responde al recurso presentado por ambas empresas contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante de 24 de febrero de 2022, que falló a favor del Ayuntamiento al declarar nulos los convenios urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013. A pesar de rechazar los 283 millones de euros que reclamaban las empresas recurrentes en base a esos convenios, la misma sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante sostenía, no obstante, que estas empresas tenían derecho a percibir poco más de 636.116,27 euros por los 121.992,50 metros cuadrados que efectivamente cedieron en 2004 al pueblo de Benidorm, una cantidad que, tal y como ha destacado hoy el primer edil, “fue asumida –por el Ayuntamiento– y consignada desde que se tuvo conocimiento” de la misma.
En su comparecencia, el alcalde ha querido lanzar “un mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía, recordando que “hasta ahora, todas las sentencias y pronunciamientos jurídicos habían ido en el camino de dar la razón a la postura que ha mantenido el Ayuntamiento”. Ante esta situación ha expresado su “convicción de que esto no tiene espacio para la política, sino para la gestión, para defender el modelo Benidorm y seguir apostando por proteger nuestro territorio y también nuestro planeta”.
Por este motivo, Toni Pérez ha reconocido que la sentencia, que firman tres magistradas del TSJ, “supone un claro revés” para el municipio tanto en lo jurídico como en lo económico, “pero vamos a trabajar por defender y por recuperar la razón que hasta ahora siempre nos habían dado los tribunales”.
Sobre el alcance económico del fallo, Pérez ha destacado que esta indemnización, más sus intereses legales, se corresponderían “prácticamente con tres presupuestos municipales completos”, el de 2024 llega a los 141,6 millones (un 230%); y ha confesado “no conocer ninguna otra sentencia que pueda infligir un golpe así a un ayuntamiento” a pesar de tratarse de una cuestión “que no afecta solo al ámbito municipal”. “Estamos hablando de un suelo que forma parte de un Parque Natural y que, impidiendo la construcción, ofrecemos como espacio verde y protegido a tantos y tantos millones de personas que vienen aquí para ser felices”, por lo que ha considerado que “a lo mejor tiene que ser una cuestión de Estado, al igual que muchas administraciones que adquieren muchísimo suelo en muchísimos sitios para hacer cosas”.
Por último, el primer edil ha apelado a “la responsabilidad y la altura de miras” y ha asegurado que el gobierno del Partido Popular va a seguir “firme en la defensa de un modelo como es el modelo Benidorm, que tanta satisfacción da a quienes vivimos, a quienes viven en nuestro entorno y a quienes nos visitan”.
«Futuro decepcionante»
Desde la oposición Compromís ha manifestado que a esta situación jurídica y económica se ha llegado por «la incompetencia de las diferentes corporaciones municipales», cabe recordar que desde 2003 han gobernado Benidorm tanto el PP como el PSPV.
Añaden también que ha habido una «nula capacidad de gestión», a la vez que critican la legislación porque «las leyes protegen primero a constructores y especuladores frente al interés público», entendiendo que es un reflejo de «falta de ética y moral».
Con todo lamentan que, dadas las circunstancias, «abocados estamos a un futuro decepcionante».
