La Policía Nacional ha detenido a dos personas acusadas de un delito de homicidio imprudente grave por la muerte de un trabajador de la empresa pública Tragsa en un colegio de Massanassa asolado por la DANA.
Los detenidos, que han quedado en libertad tras prestar declaración en comisaría, son el conductor de la excavadora implicada en el accidente y el encargado de la obra durante el día del siniestro, el domingo 24 de noviembre.
Las detenciones tuvieron lugar este miércoles a las nueve de la mañana por parte de agentes del Grupo de Homicidios de la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat Valenciana.
Se trata de dos hombres de 46 y 59 años, ambos de nacionalidad española, que tras ser oídos en declaración quedaron en libertad mientras de las diligencias se ha hecho cargo un juzgado de Catarroja.
El servicio técnico de infraestructuras «marcó el edificio con el nivel rojo»
El operario de Tragsa, de 51 años, perdió la vida al derrumbarse parte de un tejado poco antes de las doce del mediodía en el colegio Lluís Vives de Massanasa, en el que resultó herido otro trabajador de 35, con heridas leves en una pierna y escoriaciones en la cabeza.
Cuatro días más tarde, el sindicato Intersindical Valenciana denunció ante Inspección de Trabajo la «negligencia» de la Conselleria de Educación por la muerte de este operario mientras limpiaba el colegio, afectado por la riada. Intersindical Valenciana consideró que esta tragedia «es fruto de la carencia de medidas preventivas y de seguridad para garantizar unas condiciones laborales adecuadas en un entorno que ya constaba como peligroso».
El sindicato explicó entonces que el 9 de noviembre el alcalde de Massanassa, Paco Comes, emitió un decreto municipal prohibiendo el acceso al recinto del colegio, «siguiendo las indicaciones de los informes técnicos emitidos por instancias de la propia Conselleria de Educación, que alertaban sobre el riesgo de derrumbe».
Desde Intersindical apuntaron que un informe del servicio técnico de infraestructuras «marcó el edificio con el nivel rojo, indicando un peligro inminente», pero a pesar de este aviso y las medidas adoptadas por el Ayuntamiento los operarios fueron enviados a trabajar «a una ubicación en riesgo, donde es notorio que no había establecida ninguna medida preventiva para garantizar las condiciones estructurales».
