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El alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez acudía esta mañana de lunes al juzgado donde se enfrentará al juicio por el conocido como ‘caso Alquería’. Rodríguez ha acudido acompañado de su jefe de gabinete, Ricard Gallego, también juzgado en la misma causa, y un nutrido grupo de concejales y miembros de su equipo más estrecho. Junto a Rodríguez y Gallego se sentarán otras 13 personas más en el banquillo de los acusados cuatro años después de estallar el caso.
El expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV está acusado de contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en Divalterra -empresa pública de la corporación provincial ya cerrada y que había sustituido a la antigua Imelsa- con el objetivo de favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.
En total, la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha señalado 29 sesiones para este juicio que se prolongará durante tres meses, desde septiembre a noviembre.
Rodríguez se enfrenta a una pena, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción, de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma petición de cárcel la extiende a Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejerce la acusación, reclama 18 años de cárcel para él.
El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra -que se cerró el pasado mes de junio- para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.
Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.
A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También pide el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.
«Generar dolor»
Por su parte, Rodríguez siempre ha defendido que este caso «no debería haber existido» y se ha mostrado seguro de que «todo acabará bien» porque «la verdad solo tiene un camino». En diversas declaraciones públicas que ha ido realizando a lo largo del proceso, ha sostenido que para «lo único que ha servido» esta causa «es para generar dolor y desperdiciar recursos públicos».
En escritos presentados ante el Juzgado ha alegado que no les constó advertencia alguna de la posibilidad de que los contratos fueran irregulares y mucho menos delictivos. Asimismo, defiende que no tuvo intervención alguna en la contratación de los responsables de área y algunos de ellos ni siquiera lo conocían y viceversa.
