Torrent ha dado un paso decisivo en la reconstrucción de sus infraestructuras viarias dañadas por la DANA con la aprobación ministerial de una subvención de 12,8 millones de euros. El proyecto, validado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, contempla la reparación, restitución y mejora técnica de 80 caminos y viales repartidos entre la zona rural y los ámbitos periurbanos de la localidad.
La actuación, supeditada al permiso definitivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, plantea un enfoque integral que busca ir más allá de la simple reposición del pavimento dañado en octubre de 2024. Entre los trabajos programados destaca la intervención en seis puntos singulares sobre cauces y barrancos, donde se instalarán marcos para elevar la rasante del terreno y aumentar la capacidad de desagüe. En concreto, se actuará sobre el Vado Creuets, el Vado Camping La Pirámide, el Vado Barranc de les Canyes-Fajardet, el Clot de Bailón y los dos pasos del vado Barbeta.
Con estas medidas se pretende consolidar el eje Fatxardet-Barbeta como una alternativa de tránsito segura para los vecinos durante futuros episodios de precipitaciones intensas. «La reconstrucción de Torrent después de la DANA no consiste únicamente en reparar lo que el agua se llevó, sino en aprender de lo ocurrido y hacer que nuestras infraestructuras sean más seguras y resistentes», ha afirmado la alcaldesa del municipio, Amparo Folgado. Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha remarcado que se reforzarán firmes, se mejorará el drenaje y se protegerán márgenes en las zonas donde las corrientes mostraron una mayor vulnerabilidad.
Las obras llegarán a una docena de ámbitos territoriales del término municipal de Torrent, entre los que figuran diseminados como Morredondo, Montehermoso, Venteta-Mas del Jutge, Masía Pavía, Canyada del Corral-Birlet o Monte Real. La urbanización de Calicanto registrará una de las mayores intervenciones del plan, con obras de acondicionamiento en 15 calles afectadas por las riadas. La resolución estatal exige ejecutar las actuaciones respetando los plazos fijados por la normativa de ayudas para garantizar el acceso y la movilidad agrícola y residencial en todo el término.
