El Gobierno de Torrent ha expresado su malestar y su crítica en un comunicado porque la Generalitat Valenciana haya revocado las competencias del Ayuntamiento en la construcción del Palacio de Justicia, una decisión tomada el pasado 26 de junio por la ya ex consellera Gabriela Bravo.
El consistorio recibió el pasado viernes un requerimiento firmado Gabriela Bravo, y rubricado por la exvicepresidenta Aitana Mas tres días después, en el que se notifica la anulación del convenio firmado en el año 2018 aludiendo a un sobrecoste de 16’8 millones en el proyecto, causado por la subida del coste de los materiales y a las modificaciones realizadas por el Consell a posteriori, pasando de costar 17’7 millones a 32’9 millones. Igualmente, el escrito concluye que el porcentaje de actuaciones realizadas en base al acuerdo establecido era insuficiente.
Al respecto, el máximo responsable del área de Urbanismo, José Gozalvo, remarca que “es inexplicable que se tomara una decisión tan importante en los últimos días de la legislatura, sin dejar que el nuevo Consell elegido por todos los valencianos estudiara la propuesta y adoptara la solución pertinente. Contradice toda lógica democrática”. El edil también destaca que “el Ayuntamiento de Torrent ha invertido muchas horas de trabajo para que este proyecto salga adelante, además de una gran cantidad de dinero, en cuestiones como la redacción del proyecto o la urbanización del terreno donde se iba a ubicar el Palau de Justicia, que no tenemos intención de dar por perdido”.
