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El ayuntamiento de Riba-roja ha anunciado que la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por un aspirante a la plaza de intendente de la policía local de Riba-roja de Túria e impone las costas procesales, hasta el límite de 500 euros por todos los conceptos al recurrente. El fallo del alto tribunal es firme y contra el mismo no cabe ya recurso alguno.
Según informan desde el consistorio, la sentencia del Tribunal Supremo ratifica la decisión que en abril del año 2020 dictó la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana con la anulación de la citada plaza de intendente principal de la policía local del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria que creó el Partido Popular meses antes de las elecciones del año 2011.
Desde el consistorio explican que el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano admitía en el año 2020 el recurso de apelación interpuesto por el propio consistorio de Riba-roja de Túria contra una decisión anterior en la que se estimaba el recurso del empleado que, en su momento, ganó la citada plaza funcionarial. Esta decisión fue recurrida en casación ante el Supremo que ahora ha validado el fallo anterior.
Las mismas fuentes apuntan que el equipo de gobierno de Riba-roja de Túria del año 2016 se opuso al retorno del empleado municipal a la plaza de intendente al entender que una sentencia judicial del Tribunal Supremo anulaba la citada plaza profesional, así como la subida salarial muy por encima del IPC vigente en aquellos momentos junto a la creación de diversos puestos de trabajo en el consistorio.
El Tribunal Superior de Justicia afirmaba en una sentencia del 29 de febrero de 2016 que la amortización de la plaza de intendente principal en Riba-roja de Túria “cumple el fallo que tuvo lugar referido a dicha plaza” y subraya que “carece de soporte jurídico que el interesado disfrute de una plaza y ocupe un puesto de trabajo inexistente con arreglo a derecho y que ya se habían amortizado”.
Desde el consistorio concluyen que, en octubre del año 2017 el mismo Tribunal Superior de Justicia valenciano estimó el recurso interpuesto por el interesado contra la presunta denegación del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria para readmitirlo en su puesto. Sin embargo, el ayuntamiento recurrió la decisión ante el TSJ que en abril del año 2020 ratificó la decisión del consistorio y rechazó las peticiones del demandante que recurrió ante el Supremo.
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