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El Partido Popular de Picanya ha pedido al gobierno socialista del municipio que “paralice” el expediente de permuta de un inmueble municipal por una casa propiedad de la Directora General de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga.
El gobierno de Picanya ha puesto en marcha una operación inmobiliaria para intercambiar un almacén y archivo que tiene actualmente el consistorio en la Calle Colón, de 647 metros cuadrados de solar, por una casa propiedad de la también socialista Carmen Amoraga, en la Calle Mayor, de 237 metros cuadrados de solar, para la futura construcción del Auditorio Municipal.
El concejal del PP de Picanya y diputado provincial Javier Montero, ha asegurado que el proceso “se está llevando con cierto oscurantismo y sin las garantías necesarias, por lo que se puede llegar a sospechar que un alcalde del PSOE le está haciendo un favor a un alto cargo de la Generalitat de su mismo partido para que se lucre, y todo ello a costa del patrimonio de los vecinos de Picanya”.
En el procedimiento consta una tasación realizada por una empresa en la que se valora el inmueble municipal en 318.700 euros y la casa de Carmen Amoraga en 301.485 euros, “pero no hay ningún informe de los técnicos del Ayuntamiento de Picanya que avale esa tasación, algo que es imprescindible para asegurar la transparencia del proceso y por lo que nos hace sospechar que puede haber un trasfondo que perjudique a los intereses de Picanya en beneficio de la Directora General”, ha asegurado Javier Montero, quien ha añadido que el alcalde de Picanya “no se puede escudar en el informe jurídico del secretario del ayuntamiento, porque ese informe en ningún momento entra a valorar si las tasaciones son correctas o no”.
Además, desde el PP se critica que no sea el momento más adecuado para emprender esta acción ya que privaría de un edificio municipal a Picanya a cambio de una casa con la que no se podrá hacer nada en los próximos años. “Todos queremos un auditorio municipal en Picanya, pero la realidad es que el ayuntamiento tiene un endeudamiento tan elevado que es imposible acometerlo, como mínimo, en los dos próximos años, de ahí que sea poco eficiente intercambiar un edificio municipal en uso por una casa con la que no vas a poder hacer nada durante varios años, además de la sospecha de que se esté beneficiando económicamente a un alto cargo socialista”.
