Una operación de la Policía Nacional ha destapado las condiciones de semiesclavitud a las que eran sometidos 26 trabajadores en un taller textil clandestino ubicado en la comarca del Camp de Túria. La investigación ha revelado un escenario de explotación extrema donde 24 de los empleados, ciudadanos extranjeros en situación irregular, eran obligados a trabajar jornadas agotadoras de más de 60 horas semanales a cambio de salarios precarios y sin ningún tipo de protección legal ni sanitaria.
El taller operaba sin licencia y basaba su rentabilidad en el abuso sistemático de personas vulnerables. Según las pesquisas policiales, los trabajadores percibían apenas 1.000 euros mensuales por semanas laborales que excedían con creces los límites legales, todo ello sin contratos ni alta en la Seguridad Social. La degradación humana era tal que los agentes localizaron a dos de los empleados viviendo en una estancia del inmueble en condiciones insalubres, una estrategia del principal investigado para garantizar que la maquinaria textil no dejara de funcionar en ningún momento del día.
Para mantener este sistema bajo el radar de las autoridades, los responsables habían tejido una red societaria que incluía una empresa matriz y una mercantil encargada de facturar a clientes del sector textil, simulando así una actividad empresarial legítima. Esta apariencia de legalidad les permitió ingresar más de 300.000 euros en apenas ocho meses de actividad. La logística de la organización incluía además el traslado diario de los trabajadores en una furgoneta desde el área metropolitana de València hasta la nave de la comarca, asegurando el aislamiento de la actividad.
La intervención ha finalizado con la detención de dos hombres de 44 y 52 años. El principal cabecilla, que ya ha pasado a disposición judicial, enfrenta cargos por delitos contra los derechos de los trabajadores, tráfico ilegal de mano de obra y quebrantamiento de medida cautelar, ya que reabrió el taller de forma clandestina tras una primera inspección que lo dejó precintado el pasado mes de octubre. El segundo implicado ha quedado en libertad tras prestar declaración, mientras la investigación arroja luz sobre la cruda realidad de la explotación laboral oculta en naves industriales de la provincia.
