La negociación educativa en la Comunitat Valenciana afronta horas cruciales. Tras una maratoniana reunión de once horas retransmitida en directo por Youtube, la Conselleria de Educación y los sindicatos de la mesa negociadora han acordado volver a citarse este jueves 11 de junio a las 9:00 horas.
El encuentro del lunes, que comenzó a las 10:50 horas y se prolongó hasta pasadas las diez de la noche, sirvió para repasar de forma exhaustiva bloques críticos: simplificación burocrática, ratios, infraestructuras, inclusión educativa, valenciano, plantillas y retribuciones. La consellera se ha comprometido a remitir el documento definitivo con las nuevas incorporaciones este martes antes del mediodía, permitiendo así que los sindicatos sometan el texto a la votación de sus bases o comités directivos de cara a la cita del jueves.
Las retribuciones a los docentes: el gran punto de fricción
A pesar de los avances, el bloque económico sigue dividiendo a la mesa. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha planteado la posibilidad de «salvar el dinero y el honor» mediante la adhesión al acuerdo ya firmado por ANPE y CSIF, que contempla una subida salarial progresiva de 200 euros mensuales hasta 2028. Sin embargo, persisten dudas técnicas sobre si la vinculación al IPC afecta únicamente a los últimos 50 euros o a la totalidad del incremento, lo que requerirá una adenda aclaratoria.
La postura de los sindicatos ante este escenario muestra una profunda división:
- CSIF y ANPE: Defienden la firmeza de lo pactado (75 euros en septiembre, 75 en enero de 2027 y 50 en enero de 2028), destacando además logros como los seis días de libre disposición y la desconexión digital. No obstante, ANPE ya advierte que exigirá una nueva revisión en 2028.
- STEPV y CCOO: Califican el acuerdo de «nulo» y exigen reabrir la negociación con información transparente, cuestionando el argumento de la Administración sobre la falta de fondos.
- UGT: Considera que la propuesta nace «desfasada» y perpetúa la desventaja salarial de los docentes valencianos frente a otras comunidades autónomas.
Polémica por la Ley de Libertad Educativa y el valenciano
El bloque idiomático ha vuelto a encender el debate, centrado en la aplicación de la Ley de Libertad Educativa, el futuro del currículum de bachillerato y el valor de los nuevos títulos de capacitación. Los sindicatos mayoritarios han reprochado a la Conselleria su «inmovilismo».
Mientras que STEPV exige la derogación de la ley y critica los «recortes» en la promoción del valenciano desde 2023, CCOO solicita su reversión y un plan específico para garantizar la enseñanza del valenciano en las zonas castellanohablantes. Por su parte, UGT tacha la libertad educativa de «falsa» al denunciar que hay familias que se quedan sin plazas en líneas de valenciano. Desde una perspectiva más conciliadora, CSIF ha remarcado que las lenguas deben servir «para entendernos, no para enfrentarnos», y ANPE ha urgido a aclarar el grado de homologación de las nuevas titulaciones.
El futuro de las plantillas: 5.000 nuevas contrataciones a debate
En el apartado de personal, existe un consenso sindical para exigir un desglose detallado de las 5.000 nuevas contrataciones de profesorado prometidas, con el fin de conocer su distribución por etapas y centros.
El director general de Personal Docente, Francisco Pablo Ortega, ha calificado de «excelente» la oferta global de 7.742 puestos en cuatro años y se ha mostrado totalmente abierto a detallar la distribución de las 5.000 plazas como punto de partida para futuras negociaciones. El desenlace definitivo se conocerá este jueves.
