Las ayudas abonadas por el Gobierno central a los afectados por la DANA en la Comunitat Valenciana no alcanzan las cifras anunciadas públicamente por distintos ministros y delegaciones oficiales. Según fuentes de la Generalitat Valenciana, la cantidad real transferida a familias, ayuntamientos y colectivos asciende a 2.600 millones de euros, muy por debajo de los 7.500, 7.000 o 6.190 millones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha difundido en los últimos meses.
En el último mes y medio, el Gobierno central ha ofrecido hasta tres cifras diferentes sobre las ayudas ya pagadas por la DANA. El 21 de julio, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, aseguraba que el Ejecutivo había abonado 7.500 millones de euros. Posteriormente, el 28 de agosto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, redujo la cifra hasta los 7.000 millones en un acto en València, insistiendo en que “ese dinero ya estaba en los bolsillos de las víctimas”. Finalmente, la propia web de La Moncloa (actualización del 28/08/2025) rebajó la cuantía hasta los 6.190 millones de euros.
Sin embargo, fuentes de la Generalitat Valenciana subrayan que ninguna de estas cantidades refleja la realidad, ya que gran parte del dinero contabilizado no corresponde a ayudas directas ni a transferencias del Ejecutivo central.
Indemnizaciones del Consorcio y Agroseguro
Una parte importante de las cifras presentadas por el Gobierno incluye las indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, que ascienden a 3.533,8 millones de euros. Según la Generalitat, estas cantidades no son ayudas públicas, ya que el Consorcio es un organismo con personalidad jurídica propia, patrimonio independiente y financiación derivada de las primas de los asegurados, no de los presupuestos estatales.
Lo mismo ocurre con los 51,5 millones abonados por Agroseguro a explotaciones aseguradas. Estos pagos, destacan las mismas fuentes, son compensaciones de pólizas privadas y no pueden considerarse transferencias del Ejecutivo.
El Gobierno también ha contabilizado como “ayudas” los 719 millones de euros en créditos ICO activados tras la DANA. Sin embargo, fuentes de la Generalitat Valenciana recuerdan que se trata de préstamos que deben devolverse y que, de ellos, cerca de 400 millones no cuentan con intereses bonificados, lo que significa que las empresas afectadas tendrán que devolver incluso el capital más los intereses fijados por la banca.
Del mismo modo, las líneas de financiación para explotaciones agrarias (41,25 millones) tampoco pueden considerarse ayudas, ya que únicamente se subvenciona el 15% del principal.
Ayuntamientos y familias afectadas
Según fuentes de la Generalitat Valenciana, el Ejecutivo central ha abonado 1.745 millones de euros a 78 ayuntamientos para la reconstrucción de infraestructuras municipales. No obstante, la mayor parte de estas inversiones permanecen paralizadas porque los consistorios carecen de recursos técnicos y humanos suficientes para licitarlas.
Además, 28 municipios valencianos con una población conjunta de 80.000 habitantes han quedado excluidos del plan estatal de ayudas, pese a haber sufrido graves daños.
En cuanto a las ayudas directas a familias, la Generalitat señala que solo se han pagado 100,9 millones de euros a 6.102 familias, lo que supone apenas el 14% de las 43.592 solicitudes presentadas. En consecuencia, 37.940 familias siguen sin percibir un solo euro, con una deuda pendiente estimada de 620 millones de euros.
Otras ayudas pendientes
Las mismas fuentes denuncian que el Gobierno ha rechazado aplicar el IVA 0 en la compra de vehículos sustitutorios para afectados que perdieron su coche, lo que neutraliza en muchos casos la cuantía de la ayuda recibida.
Asimismo, las entidades deportivas afectadas por la DANA no han cobrado aún ninguna de las ayudas previstas, pese a haberse registrado 17 solicitudes.
También se recuerda que sigue sin aplicarse la prórroga de la prestación por cese de actividad para los autónomos afectados, prometida en enero por el Ministerio de Economía. Esta medida aún no se ha puesto en marcha, lo que afecta a unos 5.000 trabajadores por cuenta propia de la provincia de Valencia.
