2030 es la fecha límite marcada por el Gobierno central para el funcionamiento de la central nuclear de Cofrentes, una fecha que ya fue fruto de una prórroga en el año 2021, y que supera con creces los 40 años de vida útil para los que fue diseñada, lo que suponía su cierre en 2024. Pero este límite no es suficiente para el PP, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, enarbola la bandera para que la planta esté en funcionamiento más allá de la fecha marcada.
Mazón ha exigido al Gobierno de España que “prolongue la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030″, porque «se ha demostrado que es una fuente energética sostenible y primordial para el desarrollo económico y social de nuestro territorio”. Por ello, ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que “revise el calendario de cierre previsto, acepte una moratoria con el tiempo suficiente de antelación y abandone los prejuicios ideológicos hacia una energía sostenible por la que están apostando otros países como Reino Unido y Suecia”.
Mazón también ha coincidido con la Cámara de Comercio en la necesidad de revisar la fiscalidad de Cofrentes que está siendo penalizada con impuestos específicos que distorsionan su competitividad y desincentiva su explotación económica por las operadoras.
El jefe del Consell ha expresado su compromiso para “hacer un frente común social, económico e institucional” a favor de la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas como Cofrentes y Almaraz (Extremadura).
Informe empresarial
Mazón se ha manifestado en estos términos tras la reunión que ha mantenido con el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, en la que han analizado el informe elaborado por la institución cameral para reclamar la moratoria de la central nuclear de Cofrentes.
Para defender la permanencia Mazón ha señalado la necesidad de “mantener a corto y medio plazo la energía generada por la planta de Cofrentes que aporta el 45% de la producción eléctrica de nuestro territorio, contribuye a estabilizar los precios de la electricidad y garantiza la actividad de nuestros sectores industriales”.
Al respecto, el informe de la Cámara señala que el cierre de Cofrentes implicaría un serio riesgo para la operatividad de más de 12.000 empresas industriales altamente dependientes del suministro eléctrico, que generan 184.000 empleos directos y condicionan 235.000 empleos indirectos.
En concreto, sectores como la industria química, cerámica, metalúrgica, alimentaria y del plástico serían los más afectados, al asumir incrementos de costes energéticos y una pérdida de competitividad exterior, según el citado informe.
El president ha expresado la necesidad de asegurar en la Comunitat Valenciana “un suministro energético estable y avanzar en la soberanía energética para seguir atrayendo inversiones a nuestro territorio que creen empleo y riqueza por es la antesala de mejores políticas sociales”.
En esta línea, el estudio de la Cámara estima que la clausura de la central de Cofrentes supondría renunciar a 450 millones de euros de inversión en la próxima década, así como a importantes ingresos tributarios y al posicionamiento estratégico de la Comunitat Valenciana en materia energética, que “no nos podemos permitir”, ha añadido Mazón.
El presidente ha aseverado la “firme apuesta de la Generalitat por avanzar en un modelo energético que combine las energías renovables como la solar, la eólica, y el hidrógeno verde, junto a otras como la nuclear, para reforzar nuestro sistema eléctrico y ganar en soberanía energética para no depender del exterior”.
