La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado sentencia condenatoria contra cinco de los implicados en la trama de prevaricación administrativa y fraude a la administración en la adjudicación de las obras de renovación de la red de agua potable de Calpe (Calp). Entre los penados destacan el exdiputado provincial del Partido Popular y exconcejal de Aguas del municipio, Juan Roselló Martínez, y su cuñado, el empresario Francisco Artacho Torres.
Pese a que el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente penas de hasta seis años y tres meses de prisión, el tribunal ha aplicado a todos los procesados la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas tras dilatarse la causa durante dos décadas (las diligencias previas se incoaron en noviembre de 2005 y el juicio oral no se celebró hasta finales de 2025). La resolución absuelve a los acusados del delito de estafa y exculpa de toda responsabilidad penal a otros tres procesados.
Identidad de los cinco condenados y sus funciones en la trama
La sentencia del tribunal alicantino detalla el rol individual y las penas impuestas a cada uno de los cinco declarados culpables:
- Juan Roselló Martínez (11 meses de prisión): Exdiputado provincial del PP en Alicante, exconcejal de Aguas de Calpe y consejero delegado de la empresa mixta Aguas de Calpe S.A. Condenado como autor de un delito de prevaricación administrativa en concurso con fraude a la Administración por articular la adjudicación directa a la empresa de su entorno familiar.
- Francisco Artacho Torres (11 meses de prisión): Cuñado de Juan Roselló y socio mayoritario en la sombra de la mercantil instrumental Obras Hidráulicas de Levante S.L. (OHL). Condenado por un delito de fraude a la Administración como beneficiario real del entramado.
- Francisco Zorrilla Soriano (11 meses de prisión): Consejero delegado de Aguas de Calpe (en representación del socio privado, Aguas de Valencia). Condenado como autor de prevaricación en concurso con fraude por colaborar en la subcontratación irregular a dedo sin permitir la libre concurrencia de licitadores.
- José Alberto Mut Noguera (11 meses de prisión): Gerente de la mercantil mixta Aguas de Calpe S.A. Condenado como autor de prevaricación administrativa i fraude a la Administración por participar en la adjudicación i gestión presupuestaria a favor de la empresa pantalla.
- Jesús Lara Martínez (7 meses de prisión): Administrador único formal i testaferro de Obras Hidráulicas de Levante S.L. Condenado por un delito de fraude a la Administración. Su pena se reduce al habérsele reconocido la atenuante de confesión tras admitir en el juicio que actuó como intermediario para ocultar la propiedad de Artacho.
Tanto Juan Roselló como Francisco Artacho cuentan con antecedentes por condenas previas vinculadas a la trama de las basuras de Calpe dentro del ‘caso Brugal’.
Adjudicación ‘a dedo’ i sobrecoste de más de un millón de euros
Los hechos probados se remontan al 17 de marzo de 2004, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Calpe adjudicó a la empresa mixta Aguas de Calpe S.A. —participada en un 40% por el consistorio— el plan para la renovación de la red transversal de agua por un valor total de 4.721.100 euros (sin IVA), divididos en cinco proyectos cuya financiación se repercutiría a los vecinos mediante un recargo en el recibo durante cinco años.
Ese mismo mes, Roselló, Zorrilla y Mut subcontrataron la ejecución material de las obras sin concurso público a Obras Hidráulicas de Levante S.L. (OHL). La sentencia recalca que OHL era una firma sin experiencia alguna en obra civil —se dedicaba hasta un mes antes al reparto domiciliario de correo y publicidad bajo otra denominación— y que actuó únicamente como empresa pantalla, ya que subcontrató íntegramente los trabajos a una tercera constructora especializada.
En agosto de 2005, el Ayuntamiento pretendió repercutir a los usuarios un sobrecoste de 3,45 millones de euros, pero en julio de 2007 la Conselleria de Empresa de la Generalitat Valenciana capó i limitó dicha revisión tarifaria a 2,22 millones de euros.
La diferencia entre el coste facturado por Aguas de Calpe y el valor real autorizado de las obras generó un desfase de 1.075.130 euros imputado a pérdidas. Teniendo en cuenta la participación pública del 40 % en la empresa mixta, el menoscabo directo para las arcas municipales ascendió a 440.052 euros. La Sección Segunda de la Audiencia de Alicante condena a los cinco procesados a indemnizar de forma conjunta i solidaria al Ayuntamiento de Calpe con dicha cantidad. La sentencia no es firme i cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
