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La Guardia Civil de Alicante, en una inspección llevada a cabo en el puerto pesquero de Altea, ha intervenido 110 kilogramos de ejemplares inmaduros de merluccius merluccius. Los ejemplares intervenidos por los agentes no superaban los 16 centímetros, 4 centímetros menos del mínimo necesario para la captura legal de esta especie.
El pasado 21 de abril, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante, intervino en el puerto pesquero de Altea 110 kilogramos de pescado fresco, en una actuación conjunta llevada a cabo entre la Patrulla y el Equipo de SEPRONA de la Comandancia.
Los agentes comprobaron irregularidades a las distintas legislaciones sobre pesca marítima, en relación a la captura, comercialización y transporte de los productos pesqueros incautados, que en este caso, eran de la especie merluccius merluccius.
Los ejemplares inspeccionados habían sido capturados y comercializados por los presuntos infractores sin haber sido previamente presentados para una primera venta en la lonja, lo que habría permitido certificar su legítima trazabilidad. Por el contrario, los habían ocultado entre otras piezas cuya trazabilidad y talla eran correctas, con la finalidad de eludir el control policial.
Durante la inspección realizada por los agentes, los presuntos autores tenían la mercancía preparada y cargada en el camión que iba a trasladarla para su venta en la Comunidad de Madrid. El precio medio por el que se pueden adquirir de forma ilegal este pescado, ronda los 3 euros, mientras que su precio medio en el mercado es de unos 12 euros.
La talla reglamentaria para la pesca de la merluza es de 20 centímetros. Sin embargo, de los ejemplares incautados por la Guardia Civil, ni siquiera los más grandes superaban los 16 centímetros. La captura de ejemplares inmaduros está prohibida.
De no haber procedido los autores a la pesca ilegal, esta merluza habría alcanzado en poco tiempo su talla reglamentaria, y por lo tanto la edad reproductiva. La captura precoz, merma de forma significativa la supervivencia de la especie.
Los agentes del SEPRONA han instruido un expediente de propuesta de sanción contra los infractores, una empresa mercantil asentada en Alicante. El expediente ha sido remitido a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que es la competente para resolver. La empresa se enfrenta a una sanción de hasta 60.000 euros.
Por tratarse de un producto perecedero, el pescado intervenido ha sido donado a una entidad benéfica para su consumo, una vez pasados los controles de calidad pertinentes.
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