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Las medidas entrarán en vigor este miércoles y tienen una vigencia inicial de dos semanas.
El Centro Penitenciario de Valencia Antoni Asunción de Picassent, en coordinación con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha dispuesto durante la mañana de este miércoles nuevas medidas contra la COVID-19.
Las decisiones adoptadas, que entrarán en vigor este miércoles con una vigencia inicial de dos semanas, son las siguientes: se suspenden todas las comunicaciones, ordinarias y especiales, además de todas las salidas de permiso, programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor, situación de necesidad, por razones judiciales o sanitarias imprescindibles.
También están suspendidos los talleres productivos y solo se permitirá el acceso al personal funcionario y laboral, y al personal extra penitenciario cuya labor sea indispensable.
Concretamente, estas disposiciones se toman tras el cribado realizado a los internos del centro penitenciario y ante la situación epidemiológica de la provincia valenciana. Actualmente en Picassent hay 133 casos positivos, la inmensa mayoría asintomáticos, entre una población que se sitúa en 1910 internos. Algunos casos presentan sintomatología leve y ningún ingresado en hospital. El número de internos confinados en celda, como marca el protocolo sanitario, es de 473.
En cuanto al número de trabajadores, 16 funcionarios se encuentran con una PCR positiva y 6 se encuentran en aislamiento. Habría que sumar otros 6 pertenecientes al Centro de Inserción Social. El número de empleados en cuarentena asciende a 27.
Para paliar esta restricción de las comunicaciones y permisos de las personas que se encuentran en prisión, se ampliará el número de llamadas telefónicas que tienen autorizadas los internos, especialmente con sus abogados, y se potenciará el uso de videollamadas.
A pesar de facilidad de controlar los brotes detectados en centros penitenciarios por la disponibilidad de plazas para realizar las cuarentenas y aislamientos sanitarios, estas decisiones se toman con el objetivo de proteger la salud de todos los empleados penitenciarios así como la de los internos e internas, considerados colectivo vulnerable.
Las medidas adoptadas se enmarcan en la orden ministerial INT/407/2020 de 12 de mayo, en la que se establecía la posibilidad de revertir la vuelta a la normalidad en el ámbito de Instituciones Penitenciarias “si la situación epidemiológica así lo aconseja”.
