El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria convocará en las próximas semanas la comisión de investigación del “caso Porxinos” que permitió un pelotazo urbanístico de más de 130 millones de euros a una empresa ligada al Valencia CF. La convocatoria se centrará en redactar las conclusiones finales de esta comisión de investigación en la que están integrados los partidos políticos.
La comisión de investigación se cerrará con la ausencia del ex alcalde de Riba-roja de Túria, Francisco Tarazona; el ex presidente del Valencia CF, Bautista Soler; y, por último, el ex conseller de Territorio Rafael Blasco, a pesar de que fueron llamados a declarar en la citada comisión que se creó en el año 2016 a raíz de las denuncias y demandas en un caso que se empezó a gestar en 2005 con la aprobación del PAI de Porxinos.
Precisamente, el equipo de gobierno del PSPV en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado cuenta al pleno municipal de la última sentencia del Tribunal Supremo que exime a las arcas municipales del pago de 25 millones de euros a la empresa del Valencia CF Litoral del Este por la anulación del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos que preveía la construcción de 2.700 viviendas, fincas de 6 alturas y un campo de golf.
El gobierno local ha informado al máximo órgano de presentación del municipio del auto judicial en el que se ratifica otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana en el que ya se exoneraba al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria del pago de los citados 25 millones de euros por la anulación de la citada actuación urbanística en la partida de Porxinos.
El auto del alto tribunal, que condena al pago de 2.000 euros a la parte recurrente, no admite el recurso de Litoral del Este al incumplir las exigencias contenidas en el ordenamiento jurídico al respecto al considerar “falta de fundamentación suficiente de la concurrencia del supuesto contenido en el artículo 88.3 a del LJCA” sin que se haya justificado el presupuesto para que “esta sala deba realizar ninguna matización, precisión o concreción”.
Cabe recordar que el fallo del TSJ emitido en septiembre del año 2023 eximía al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria del pago de los citados 25 millones de euros en concepto de indemnización por la anulación del PAI de Porxinos, una zona de alto valor ecológico que se halla incluido en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria. Sin embargo, Litoral del Este decidió recurrir el fallo ante el Supremo.
Además, Litoral del Este presentó un escrito en el año 2014 en el que renunciaba “expresamente” a solicitar del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, en vía administrativa o judicial, la devolución de las cantidades como indemnización por daños y perjuicios por un montante de 5’4 millones de euros, como por la parte de aportación voluntaria por importe de otros 15’3 millones derivada de la adjudicación a esta mercantil de la condición de agente urbanizador fechado en junio del año 2005.
Los magistrados ponentes del Tribunal Supremo subrayan en su sentencia “una carencia de interés casacional objetivo en los términos en los que ha sido preparado el recurso, dado el marcado casuismo que preside las cuestiones suscitadas, vinculadas a los aspectos circunstanciados del pleito” y, por ello, fijan las citadas costas procesales a la parte recurrente en el proceso judicial.
La última sentencia del Supremo se añade a otras precedentes cuyo origen se remonta al año 2013 cuando el TSJ primero y el Supremo después declaraba nulos los planes parciales y la homologación del proyecto urbanístico por ausencia de suficientes recursos hídricos y por la falta de concurrencia y publicidad en el trámite tras una denuncia presentada por la Plataforma Salvem Porxinos.
Los fallos judiciales constatan repetidamente una falta de respeto a las condiciones que imponía la declaración de impacto ambiental respecto del paraje colindante de les Rodanes y, al mismo tiempo, subrayan que la adjudicación de la urbanización que se tramitó en su momento se llevó a cabo “a dedo y sin la oferta pública” como recorre el ordenamiento urbanístico existente al respecto.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado que las diversas sentencias que se han emitido a lo largo de los últimos años “avalan la gestión que hemos llevado a cabo para defender los intereses de todos nuestros vecinos, contra un programa urbanístico depredador del territorio que se gestó entre el Partido Popular de Riba-roja de Túria, la Generalitat y los intereses que había entonces en el Valencia CF para obtener un pelotazo como ellos mismos reconocieron públicamente”.
