La Guardia Civi ha localizado una explotación ovino-caprina clandestina y ha levantado acta al responsable, que puede enfrentarse a sanciones de hasta 1,200.000 euros.
A finales del año pasado, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Guardamar, fueron informados sobre el hallazgo de varios cadáveres de ovejas en el azarbe que discurre por la localidad de San Fulgencio hacia la desembocadura del Río Segura.
Los investigadores comprobaron la información, observando que los animales carecían de crotal (elemento plástico identificativo adherido a la oreja del animal), iniciando la investigación para esclarecer la proveniencia de estos animales, sospechando de la posible existencia de una explotación ganadera clandestina.
Tras la realización de diversas inspecciones en explotaciones de la zona, los agentes localizaron oculta en unas antiguas instalaciones abandonadas dedicadas al ganado porcino, una explotación ilegal de ganado ovino-caprino, consiguiendo identificar al responsable de la explotación.
Una vez realizada la inspección, los agentes observaron que el ganado carecía de control zoosanitario, por lo que su consumo podría conllevar un grave riesgo para la salud humana. Además, los restos de los animales hallados en la cuenca del río se pudieron relacionar con la explotación. Por estos motivos los agentes levantaron acta y dieron cuenta a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana por la comisión de infracciones a la Ley 8/2033 de Sanidad Animal de la Comunidad Valenciana quedando los animales en depósito a su disposición.
El responsable de la explotación podría enfrentarse a faltas graves por la falta de comunicación de la muerte del animal de producción, falta de desinfección, desinsectación y cuantas medidas sanitarias se establezcan reglamentariamente y ausencia de la documentación sanitaria, y a faltas muy graves por dar a los animales destino para consumo humano y por omisión de los análisis, pruebas y test de detección de las enfermedades a que deban someterse los animales con destino a consumo humano. Estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas de 3.001 a 1,200.000 euros.
