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El fiscal jefe de la Audiencia de Valencia ha trasladado la resolución al juzgado de Torrent, que ha decidido citar a declarar al edil como investigado el próximo 8 de julio.
El Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrent ha abierto diligencias de investigación penal contra el alcalde de Torrent, Jesús Ros, por un posible delito de prevaricación administrativa omisiva.
Concretamente, Compromís presentó dicho escrito ante la Fiscalía por incumplimientos del gobierno socialista en la creación de órganos competentes para ser ‘Gran Ciutat’. Posteriormente, una vez se analizó el documento, el fiscal jefe de la Audiencia de Valencia ha trasladado la resolución al juzgado de Torrent, que ha decidido citar a declarar al edil como investigado el próximo 8 de julio.
Los hechos se remontan a mayo de 2010, cuando gobernaba el Partido Popular en el municipio, las Cortes Valencianas otorgaron a Torrent dicha distinción pero tenían un plazo de 6 meses para adaptar las diferentes cuestiones que la ley requería. Sin embargo, pasaron los años y no fue hasta noviembre de 2015 en un pleno, con los socialistas, cuando se aprobó que dichos órganos se crearan. Pero desde entonces no se ha hecho nada más.
Ante estos hechos y para dar su versión tras las declaraciones que Compromís ha difundido a primera hora de este jueves a los medios, el Ayuntamiento de Torrent ha convocado de urgencia una rueda de prensa, en la que el edil se ha defendido alegando que Compromís «está llevando la política al extremo de la repulsa social» ya que «hay cosas de esta denuncia que no entiendo».
Asimismo, Ros también ha recalcado que en dicha denuncia «únicamente había una firma que es la de Pau Alabajos» y que se hizo «el uno de marzo cuando comenzamos a respirar por los datos tan malos que tuvimos en Torrent». Sin embargo, prosigue «Pau en vez de pensar en la salud de los torrentinos se ha dedicado a exigir unas cosas que no correspondían con el momento».
Mientras que el concejal de Economía, Andrés Campos, haciendo referencia también a la figura de Alabajos ha afirmado que «no estamos sorprendidos, pues esta persecución al alcalde viene de largo».
Problemáticas derivadas de la Ley Montoro
Uno de los asuntos en los que el edil ha hecho hincapié ha sido que en 2015, tras la llegada de estos al gobierno, no pudieron cumplir con lo aprobado en el pleno de noviembre de ese año, esto es, la creación de dichos órganos por un motivo: la Ley Montoro.
Concretamente, esta ley fue aprobada por el PP a nivel nacional en 2013, obligando a que las reglas de gasto impidiesen aumentar los gastos corrientes, así como la reducción del 30% del personal del consistorio.
Tras explicar esto, Campos ha concluido afirmando que en dicha denuncia «se han olvidado de los populares y se han dedicado a hacer un ataque contra la figura del alcalde».
Pese a ello, Ros se muestra «optimista», además ha detallado que ha recibido diversas llamadas de dirigentes socialistas para «darles su total apoyo».
