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El proyecto por el que han recibido este premio es «Mi talento para la diversidad» es un proyecto innovador y transformador de la vida de las personas y aumenta las posibilidades de inserción y el reconocimiento social a un colectivo.
El pasado 29 de marzo el Ayuntamiento de Silla recibió el premio Buen Gobierno 2020 de la FVMP que reconoce los mejores proyectos y actuaciones en materia de gestión pública. El proyecto galardonado ha sido «Mi talento para la diversidad» dentro de la categoría «Políticas de igualdad e integración».
Por este motivo, este miércoles, el alcalde de Silla Vicente Zaragozá y la regidora de Bienestar Social Trine Martínez han hecho entrega a Jose Llácer y Mónica Galán, en representación del Centro Ocupacional TOLA, del galardón que acredita la obtención de este premio, una escultura de edición limitada vaciado en frío del artista Jordi Albinyana.
El alcalde de Silla ha destacado que «esta es una bonita e inclusiva iniciativa que llevo con orgullo allá donde tengo el placer de habla y que siempre animo otros ayuntamientos que copian la idea. Todas las personas que forman parte de la familia del TOLA son los verdaderos protagonistas».
El proyecto «Mi talento para la diversidad» es un proyecto innovador y transformador de la vida de las personas y aumenta las posibilidades de inserción y el reconocimiento social a un colectivo como es el de las personas con diversidad funcional intelectual tradicionalmente excluido de las ayudas por la ocupación.
El Ayuntamiento de Silla y el Centro Ocupacional TOLA pusieron en marcha este proyecto mediante un convenio de colaboración por el cual personas de este centro realizan prácticas retribuidas.
Dicho proyecto que trabaja para favorecer la inserción laboral de personas con diversidad funcional intelectual, gracias al cual el Ayuntamiento de Silla incorpora de forma anual a su plantilla personas con diversidad funcional del Centro Ocupacional TOLA para trabajar al consistorio.
Esta línea de trabajo iniciada es un ejemplo de trabajo cooperativo, una manera en que los deberes y las responsabilidades de las instituciones se adecuan, y se tienen que adecuar, a la defensa de los derechos y a las necesidades sociales de la población.
