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Ante esta alarmante situación, la organización agraria exige a la Administración que realice un plan especial de vigilancia, fundamentalmente en chatarrerías y puntos receptores de material metálico, así como la aplicación de penalizaciones «más firmes» a los ladrones.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia la proliferación masiva de robos en casetas de riego ubicadas en la localidad de Picassent. Ante «esta alarmante situación», la organización agraria exige a la Administración que realice un plan especial de vigilancia, fundamentalmente en chatarrerías y puntos receptores de material metálico, así como la aplicación de penalizaciones «más firmes» a los ladrones para lograr frenar esta lacra que sufren los agricultores de la zona.
Aunque este tipo de delitos se producen a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, se han intensificado últimamente en el municipio de Picassent y sus alrededores. Los ladrones sustraen principalmente las puertas metálicas causando un gran perjuicio a los agricultores.
“Si las puertas que roban fueran las de los políticos que nos gobiernan se llevarían a cabo acciones más contundentes para frenar esta lacra”, señala el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. Asimismo, Aguado insiste en que si estos robos se producen es porque alguien compra ese metal, por lo que las fuerzas de seguridad deberían investigar las chatarrerías que compran el material robado.
“Es necesario que se intensifique la vigilancia sobre los posibles receptores, realizando una búsqueda del material robado y exigiendo justificantes de la procedencia del material metálico para detectar cuando ha sido robado y en su caso retirar la licencia de actividad a la chatarrería responsable de su compra. Hasta ahora la Administración ha demostrado una gran incompetencia al tolerar que algunas chatarrerías sigan comprando productos robados”, indica el presidente.
Por último, el dirigente agrario apunta que “deberíamos copiar de Europa lo bueno y no lo malo. Hay que penalizar al delincuente y garantizar que quien quiere trabajar pueda hacerlo dignamente y con un rendimiento profesional». La Administración, prosigue, «debería obligar a los delincuentes a realizar trabajos sociales para revertir esta tendencia de acciones ilegales que salen impunes, porque no es solo el valor de lo que se llevan, sino el daño que generan a los agricultores, provocando en algunos casos el desabastecimiento del riego de algunas parcelas”.
