La investigación abierta tras la muerte de una niña de seis años después de someterse a un tratamiento dental en una clínica privada de Alzira avanza con el foco puesto en la sedación que se le practicó y en la falta de autorización del centro para realizar anestesia. Mientras tanto, la otra menor afectada, de cuatro años, permanece estable en la UCI pediátrica del Hospital Clínico de València, según fuentes sanitarias.
La causa está en manos del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que ya ha tomado declaración al anestesista que atendió a ambas niñas en la clínica. La investigación policial y sanitaria incluye el análisis del lote de fármacos utilizados para la sedación por si pudieran presentar algún problema, así como la revisión de la trazabilidad de los medicamentos y de las autorizaciones del centro. La clínica permanece completamente clausurada de forma cautelar.
Los hechos se remontan al pasado jueves, cuando Lara, de seis años, fue atendida a primera hora de la mañana en el consultorio odontológico para una intervención que, según la propietaria, consistía en la extracción de varios dientes de leche y la realización de empastes. Para poder llevarla a cabo se recurrió a una sedación por vía intravenosa y a anestesia local. Tras el procedimiento, la menor permaneció varias horas en observación en la clínica, durante las que, de acuerdo con el relato de los padres, presentó somnolencia, dificultades para respirar y episodios de vómitos, sin responder con normalidad a los estímulos. Aun así, se le permitió marcharse a casa.
En el domicilio familiar, la niña continuó con los mismos síntomas. Por momentos pareció recuperarse, pero al poco tiempo volvió a entrar en un estado de gran somnolencia y dificultad respiratoria hasta desplomarse. Sus progenitores la llevaron de urgencia con su propio vehículo al Hospital de la Ribera, donde ingresó en parada cardiorrespiratoria. Los equipos médicos intentaron reanimarla sin éxito y certificaron su fallecimiento a última hora de la tarde. Días después, el cuerpo de la menor fue incinerado en el tanatorio de Alzira, arropada por su familia.
Ese mismo jueves, otra niña de cuatro años que también había sido atendida por la mañana en la misma clínica dental acudió por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera con fiebre, vómitos y somnolencia. Tras estabilizarla, los facultativos ordenaron su traslado en una unidad SAMU a la UCI pediátrica del Hospital Clínico de València, donde continúa ingresada en situación estable, según ha confirmado la Conselleria de Sanidad.
Sin autorización para esa anestesia
El caso ha destapado además que la clínica dental no contaba con autorización sanitaria para realizar técnicas de anestesia, lo que incluye las sedaciones con fármacos intravenosos que se habrían aplicado a las menores. Sanidad detalla que el centro está autorizado únicamente como clínica dental para actividad de odontología y estomatología, por lo que solo puede emplear anestesia local sin permisos adicionales. Un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas para determinar si se incumplió la normativa y si existieron responsabilidades penales o administrativas.
La propietaria del establecimiento asegura que no entiende qué pudo suceder. En declaraciones televisivas ha insistido en que la niña se marchó del centro “aparentemente bien”, que no se trató de una “operación” y que el objetivo de la sedación era únicamente relajar a la pequeña durante un procedimiento sencillo.
El caso ha reavivado el debate sobre las sedaciones profundas en consultas dentales. La Sociedad Española de Anestesiología ha alertado de que algunas comunidades permiten que profesionales no especialistas realicen estas técnicas y recuerda que la anestesia es una disciplina compleja, que entraña riesgos incluso cuando la aplican expertos. Otros especialistas consultados subrayan que en odontopediatría se recurre habitualmente a alternativas más seguras, como el óxido nitroso, y a técnicas de manejo de la conducta del menor, y que las sedaciones intravenosas deben quedar restringidas a entornos debidamente autorizados y supervisados por anestesistas.
Por su parte, el servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad se reunió este sábado con el anestesista implicado y elaborará un informe técnico que será remitido al juzgado. Ese documento incluirá, entre otros aspectos, el análisis de los fármacos administrados, la forma en que se aplicaron, la adecuación de los protocolos y la situación administrativa de la clínica.
