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Según los datos de la investigación llevada a cabo por Fiscalía y la Guardia Civil, desde 2015 otra empresa de transporte los trasladaba a distintos vertederos y los residuos plásticos se exportaban a terceros países, principalmente de Asia.
En 2020 se presentaron hasta 7 vehículos oficiales y camuflados de la Guardia Civil en la planta de una empresa del polígono de Massalfassar, donde requisaron más de una veintena de cajas con documentación de la gestión de residuos que realiza la empresa, tal y como les adelantó en exclusiva Comarcal CV.
Asimismo, conforme se puede observar en el siguiente vídeo que obtuvo este medio, el SEPRONA decidió intervenir, ya que las primeras hipótesis apuntaban a que podrían estar buscando pruebas de posibles delitos ambientales.
Dos años después, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha coordinado una investigación que ha concluido con la detención por parte de la Guardia Civil de un total de 14 personas vinculadas con 3 empresas por delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
El juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de Massamagrell (Valencia) ha ordenado las detenciones.
Desde 2015 la empresa gestionaba de forma ilegal los residuos
Según los datos de la investigación llevada a cabo por Fiscalía y la Guardia Civil, desde 2015 la empresa «gestionaba de forma ilegal los residuos», y otra empresa de transporte «los trasladaba a distintos vertederos».
Asimismo, los residuos plásticos que eran escasamente tratados «se exportaban a terceros países, principalmente de Asia», según señala la investigación.
Gran parte de estos residuos peligrosos se mezclaban con residuos no peligrosos o eran exportados o distribuidos sin haberse sometido a los «procedimientos de descontaminación adecuados».
Conforme se puede observar en el siguiente vídeo, la empresa acopiaba más cantidad de residuos de la que declaraba a la administración, existiendo hasta una diferencia de más de 100.000 toneladas de residuos «sin trazabilidad alguna». Las instalaciones y el estado de la maquinaria existente en la instalación eran «incapaces» para llevar a cabo un adecuado tratamiento de los residuos, provocando «riesgos para las personas y el medio ambiente», apuntan.
La investigación del SEPRONA también ha acreditado la existencia de vertidos al alcantarillado de la red de saneamiento en valores superiores a los límites permitidos, afectando «a la capacidad de tratamiento de la estación depuradora». Estos vertidos «acababan en el medio marino».
En la investigación se ha contado con la ayuda de Europol por sus posibles conexiones con países de la Unión Europea, con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Instituto Nacional de Toxicología, la Generalitat Valenciana y la Empresa Pública de Aguas Residuales de Valencia.
