La Diputación de València invertirá 14 millones de euros del remanente en la mejora de servicios e infraestructuras que permitirán acercar la corporación al territorio. El pleno de octubre, celebrado este miércoles, ha dado luz verde a una modificación presupuestaria que destinará 2,6 millones al relanzamiento de las oficinas comarcales, alrededor de 3,5 millones a la construcción de una ciudad administrativa en el barrio de Patraix y otros siete millones para finalizar la carretera que conecta Manises y Riba-roja.
El ajuste presupuestario que servirá para acometer estas infraestructuras ha salido adelante con los votos a favor del PP, Ens Uneix y Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra del grupo socialista. En palabras de Laura Sáez, diputada de Hacienda, “el remanente estaba destinado a amortizar deuda y hemos preferido destinarlo a inversiones, algunas de las cuales se pondrán en marcha este mismo año y el resto en el próximo, pero lo importante es que son proyectos reales que se van a ejecutar”.
Por su parte, el diputado del PSPV Vicent Mascarell ha admitido que “probablemente se trate de infraestructuras necesarias”, pero ha cuestionado su ejecución fuera del presupuesto y ha pedido que el dinero se reasigne para el Fondo de Cooperación. La responsable de Hacienda, Laura Sáez, ha dejado claro a Mascarell que el equipo de gobierno “cree en los fondos de cooperación, pero también tenemos proyectos que vertebran el territorio, como puede ser una carretera o unas oficinas comarcales que van a acercar la institución a las personas y que permiten que el dinero llegue a los municipios”.
Red de oficinas comarcales
La Diputación ha iniciado la consolidación de una potente red de oficinas comarcales que acercará la institución a los municipios y a las personas que habitan en ellos. El pleno de octubre ha aprobado una asignación conjunta por valor de 2,6 millones de euros, con la que se compatibilizarán los servicios de gestión tributaria y la asistencia técnica a los ayuntamientos en las oficinas de Ontinyent y Llíria, al tiempo que se habilitan las instalaciones que tiene el área de Infraestructuras en siete municipios de seis comarcas, “con el fin de utilizar mejor el espacio y acondicionarlo para ofrecer atención pública en Alzira, Bétera, Alborache, Buñol, Utiel, L’Alcúdia de Crespins y Villar del Arzobispo”, ha explicado el presidente Mompó.
Desde la constitución del nuevo equipo de gobierno provincial, tanto el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, como la vicepresidenta primera, Natalia Enguix, coincidieron en la necesidad de retomar el proyecto de oficinas comarcales impulsado en 2015 por la corporación presidida por Jorge Rodríguez, una iniciativa que hasta la fecha se había traducido en acercar el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación a algunas capitales de comarca.
Ahora, uno de los ejes de gestión de la nueva Diputación, en el que coinciden Mompó y Enguix, es la ampliación de esta red de oficinas comarcales y también de los servicios que prestan a los ciudadanos, introduciendo la asistencia técnica y el asesoramiento a los municipios. Las oficinas de Ontinyent y Llíria serán las primeras en adaptarse a la nueva imagen corporativa y a la red comarcal que la corporación pretende tejer de forma vertebradora, a través del área de Cooperación que dirige Natalia Enguix y de otras áreas y delegaciones como Infraestructuras y Patrimonio.
Las oficinas de gestión tributaria de Llíria y Ontinyent dispondrán de 600.000 euros para completar la adaptación a la nueva red y los nuevos servicios, un proceso que después tendrán que acometer Xàtiva, Gandia, Sagunto, Albaida, Utiel, Chiva, Vilamarxant y Ayora.
La segunda parte de esta fase inicial del proyecto de oficinas comarcales es la adaptación de los ‘cocherones’ que el área de Infraestructuras tiene en siete demarcaciones de la provincia. Estas instalaciones son utilizadas por los operarios del área de Carreteras y, en general, disponen de espacio suficiente para habilitar parte de ellas como oficinas y convertirlas en puntos de atención al ciudadano.
En este caso, la inversión será de dos millones de euros y servirá para reformar esos cocherones y compatibilizar la asistencia a municipios con su uso originario de almacén o punto de referencia para los operarios de carreteras de la Diputación. En total, la corporación cuenta con siete espacios propios en Bétera (Camp de Túria); Alzira (La Ribera Alta); L’Alcúdia de Crespins (La Costera); Buñol y Alborache (Hoya de Buñol-Chiva); Utiel (Plan de Utiel-Requena); y Villar del Arzobispo (La Serranía).
Nueva ciudad administrativa
Por otro lado, la Diputació de València construirá su propia ciudad administrativa en el barrio de Patraix, en el suelo del que dispone en la calle Beato Nicolás Factor, donde se ubica el Convento de Jesús, patrimonio de la corporación provincial. La institución acabará la rehabilitación del edificio claustral para dotarlo de un uso administrativo, al tiempo que redactará el proyecto para la construcción de dos nuevos bloques de tres plantas y sótano en el solar anexo, junto a otros edificios que albergan dependencias provinciales.
La Diputació destinará 2.885.000 euros para licitar la finalización de las obras en el edificio claustral, que estaban paralizadas, con el objetivo de poner en funcionamiento las instalaciones durante 2025. Los trabajos que restan por acometerse, tras una primera fase de rehabilitación del edificio, son principalmente la distribución de los espacios, el cableado eléctrico, la climatización y el equipamiento del antiguo Convento de Jesús.
En paralelo, la delegación de Proyectos Técnicos, que tiene como responsable a la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, dispondrá de otros 665.000 euros para sacar a licitación la redacción del proyecto constructivo de dos nuevos edificios en un solar pegado al antiguo convento. La finalidad de estos nuevos bloques de oficinas será completar la ciudad administrativa de la Diputación, en la línea de descentralizar los servicios de la entidad y acercarlos a los usuarios tanto de la capital como de las comarcas.
Carretera de Manises a Riba-roja
El tercero de los frentes en los que invertirá la corporación parte de su remanente es la mejora de las infraestructuras, en este caso la finalización de la ampliación de la calzada y refuerzo de la seguridad en la CV-370, en el tramo entre Manises y Riba-roja. La obra se licitó en algo más de 12 millones de euros y se ejecutó la primera fase, quedando pendiente una segunda que es la que se acometerá con los siete millones de euros que el equipo de gobierno provincial ha decidido destinar a inversiones en el territorio.
La mejora proyectada por el área de Infraestructuras que dirige la propia Reme Mazzolari, incluye la modificación de casi la totalidad de los parámetros de trazado, tanto en planta como en alzado. La obra se centrará en el desdoblamiento de la vía principal dotando a la sección de dos carriles para cada uno de los sentidos separados por mediana, además de vías de servicio a ambos lados que eviten las incorporaciones incontroladas y distribuyan los accesos a las urbanizaciones colindantes.
La conexión de los caminos que acceden a la carretera se realizará a través de las vías de servicio bidireccionales, junto al tronco principal de la calzada, y estas vías convergen a lo largo del trazado en diferentes intersecciones reguladas por glorietas ya ejecutadas. En definitiva, “esta actuación permitirá mejorar considerablemente la seguridad de una carretera muy transitada entre el polígono comercial de Manises y Riba-roja, actuando en las salidas peligrosas y ampliando la calzada para acabar con el colapso de tráfico que soportan algunos tramos”, explica Mazzolari.
Ayudas a ONGD y Teleasistencia
Por otra parte, la Junta de Gobierno previa a la sesión plenaria de octubre aprobó la convocatoria de ayudas a ONGD con presencia y delegación en la provincia para realizar actividades de sensibilización social y educación para el desarrollo y la ciudadanía global. En total, 150.000 euros que servirán para subvencionar una veintena de proyectos de entidades como Cruz Roja, Justicia Alimentaria y Psicólogos sin Fronteras, entre otras.
Esta convocatoria depende de la delegación de Cooperación Internacional que dirige la vicepresidenta primera, Natalia Enguix, y en la misma se subvenciona el 80% de cada proyecto aprobado por los técnicos provinciales.
En el pleno de octubre también se ha decidido, en este caso por unanimidad, levantar los reparos formulados por Intervención a facturas de la empresa que presta el servicio de Teleasistencia, con el objetivo de seguir prestando la mejor atención a los usuarios.
