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Las fuerzas de seguridad han sido movilizadas para controlar que se cumplan estos confinamientos que afectan a más de un millón de habitantes de las comarcas valencianas
Este viernes empieza en la Comunitat Valenciana los cierres perimetrales de fin de semana de las dieciséis ciudades que tienen más de 50.000 habitantes, dentro de las últimas medidas adoptadas para intentar frenar el avance de la pandemia de coronavirus. Esta medida confinará a un total de 2,5 millones de valencianos, de los cuales 1.087.000 son de las comarcas valencianas.
Desde las 15 horas de este viernes y hasta las 6 de la mañana del lunes, quedan confinadas perimetralmente las cinco grandes ciudades de la provincia de València como la propia capital València, Torrent, Sagunt, Gandia y Paterna.
En esas 16 localidades queda limitada la entrada y la salida de personas el fin de semana -con las mismas excepciones que para el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, como por ejemplo el retorno a la residencia habitual, la asistencia a centros sanitarios o el cumplimiento de obligaciones laborales-, algo que se volverá a aplicar los siguientes fines de semana y días festivos hasta el 15 febrero.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidido este jueves la reunión de coordinación del dispositivo especial que se pondrá en marcha a partir de este viernes. En el encuentro han participado alcaldes y alcaldesas de las localidades en las que se ha establecido la limitación de movilidad, ediles de Seguridad, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y los mandos del Cuerpo de Policía Nacional, Guardia Civil y Unidad Adscrita.
Al término de la reunión, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha detallado que el despliegue policial se llevará a cabo en los accesos a las 16 ciudades perimetradas, en sus estaciones de trenes y autobuses, sus lugares de ocio, en las playas y los centros comerciales, así como en zonas de gran afluencia de público.
Además, la consellera ha recordado que sigue en vigor el Decreto-Ley del 25 de julio sobre el régimen sancionador del incumplimiento de las medidas contra la COVID-19, así como lo establecido por la Ley de Seguridad Ciudadana para denunciar y sancionar los comportamientos incívicos e insolidarios de quienes no respeten las medidas adoptadas para frenar la curva de contagios. No obstante, Gabriela Bravo ha recordado que, pese a la capacidad sancionadora de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se desplegarán este fin de semana, se primará la «información y la pedagogía».
