El comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción, Jose María Ángel, ha presentado su renuncia a seguir en el cargo, según ha avanzado esta mañana la Cadena SER.
El hasta ahora responsable de la Administración General del Estado de la coordinación de las tareas de reconstrucción ha presentado un escrito en el ministerio de Política Territorial comunicando su marcha después de que se haya sabido que la fiscalía anticorrupción ha abierto una investigación por su consolidación de su plaza como funcionario. José María Ángel ocupó con el Botànic el cargo de Secretario Autonómico de Interior y Emergencias y anteriormente fue alcalde de l’Eliana durante varias legislaturas.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar si el veterano funcionario utilizó un título inexistente para promocionar en la Diputación de Valencia durante los años ochenta.
Según un informe de la Agencia Antifraude, Ángel habría presentado en 1985 un supuesto título en Archivística y Biblioteconomía de la Universitat de València para acceder a una plaza de categoría A‑2 en la Diputación. Sin embargo, la propia universidad ha confirmado que esa carrera no existía en aquel momento y que no consta registro alguno de que el ahora excomisionado completara esos estudios. La investigación apunta también a la posible responsabilidad de dos empleados de la Diputación que validaron el documento sin comprobar su autenticidad.
El funcionario niega cualquier irregularidad y asegura que cuando obtuvo su plaza inicial en 1983 solo se exigía el título de bachillerato, requisito que cumplía y que superó mediante concurso-oposición. «Nunca he falsificado nada. Se trata de una campaña política para dañar mi honorabilidad», afirmó en un comunicado tras conocerse el informe.
La polémica ha generado una fuerte presión política. El Partido Popular y otros grupos de la oposición exigieron su cese inmediato, al considerar que el caso cuestiona los mecanismos de control en el acceso a la función pública. La Diputación de Valencia ha anunciado que se personará en la causa, estudia la posible anulación de la plaza y no descarta reclamar cantidades cobradas de forma indebida.
La Fiscalía investiga ahora si los hechos podrían constituir un delito de falsedad documental, castigado con penas de hasta seis años de prisión. El caso ha reabierto el debate sobre la verificación de titulaciones en la administración pública y el control de procesos de selección que se remontan a décadas atrás.
