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El Gobierno de España ha asegurado, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado Joan Baldoví (Compromís), que el proyecto de parque solar en Chiva se someterá a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que decidirá si se autoriza o no.
La instalación solar proyectada, de 125 Mw sobre 420 hectáreas, está impulsada por la empresa Falck Renewables Power, y la oposición social ha surgido por su tamaño y ubicación, al pie de la Sierra de Chiva, paraje natural protegido, y porque supondría un daño importante sobre unas tierras de cultivo que obligaría a arrancar algarrobos centenarios.
Ayer, domingo, la Plataforma Salvemos Brihuela, compuesta por diferentes asociaciones que se oponen al proyecto, convocó una nueva concentración para mostrar su rechazo a esta planta en Chiva.
El proyecto, considerado de utilidad pública, se encuentra en este momento en estudio de autorización en la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana. En la misma respuesta se explica que «analizar el impacto ambiental de los proyectos a través de la evaluación ambiental es clave, de modo que no se dé el visto bueno a los que suponen afecciones severas y se exijan modificaciones o condiciones cuando sea necesario para corregir y compensar los impactos».
En cuanto a la consulta pública, el Gobierno recuerda que así se pretende «recabar la opinión de todas las partes interesadas sobre el proyecto, permitiendo a los interesados y a cualquier persona examinar el expediente y formular las alegaciones que tenga por convenientes». Por otro lado, señala también que «en todo caso, en los proyectos tramitados por la Administración General del Estado se consulta a las administraciones autonómicas y locales».
En la respuesta parlamentaria a Compromís se asegura que la declaración de impacto ambiental «puede ser desfavorable si el proyecto genera impactos significativos insalvables o, siendo favorable, puede introducir condiciones que obliguen a revisar los proyectos para minimizar sus impactos», y recuerda que “la tramitación que se está llevando a cabo en la actualidad no presupone que el proyecto vaya a ser autorizado, pero sí asegura que, en caso de serlo, se haya hecho con todas las garantías y de acuerdo a la normativa vigente».
