El Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a una encrucijada financiera sin precedentes tras la formalización de la propuesta de acuerdo para ejecutar la sentencia firme relativa a los terrenos de la Serra Gelada. El documento, registrado telemáticamente por la mercantil Murcia Puchades Expansión SL en nombre de los propietarios afectados, establece un plan de pagos para saldar una deuda que asciende a 353.856.523,66 euros, sumando el principal y los intereses legales devengados. Esta cifra supone un impacto devastador para las arcas públicas, hasta el punto de que los informes de la Intervención municipal ya han calificado la situación como una amenaza de quiebra para la hacienda local.
Para intentar sortear el colapso económico, el pacto diseñado contempla un primer desembolso inmediato de 60 millones de euros que el consistorio deberá abonar antes de que finalice el año 2026. Este pago inicial es solo la primera pieza de una hipoteca a largo plazo, ya que el acuerdo obliga al Ayuntamiento a reservar anualmente una cantidad no inferior al 8% de su presupuesto municipal consolidado para la amortización de la deuda restante. Teniendo en cuenta que el presupuesto ordinario de Benidorm se sitúa habitualmente en torno a los 130 millones de euros, este compromiso detraerá cada año más de 10 millones de euros durante las próximas tres décadas.
Cesión de suelo en pago
Sin embargo, el aspecto más polémico de la propuesta radica en la dación en pago mediante la cesión de terrenos y aprovechamientos urbanísticos. El acuerdo abre una vía directa para que los promotores reciban suelo municipal en sectores de altísimo valor estratégico como Ensanche Levante, Murtal 2 o Poniente. Esta entrega de activos públicos, valorada inicialmente en casi 71 millones de euros solo para cubrir los intereses generados hasta la fecha, permite a las mercantiles captar suelo listo para edificar en un mercado inmobiliario en plena ebullición.
La operación abre una ventana de oportunidad para la especulación, ya que el valor de canje fijado para estos aprovechamientos urbanísticos podría facilitar nuevos pelotazos en áreas donde la presión turística y residencial asegura rentabilidades millonarias a costa del patrimonio de la ciudad.
El origen de este conflicto se remonta a los convenios urbanísticos de 2003, cuando el consistorio se comprometió a compensar a los dueños de parcelas protegidas en el parque natural de la Serra Gelada con derechos de edificación en otras zonas de la ciudad que nunca llegaron a materializarse. Tras años de litigio, la justicia ha impuesto una indemnización que ahora el gobierno local intenta mitigar mediante este calendario de pagos y cesiones. El acuerdo incluye además un periodo de carencia hasta el año 2030 para el pago del principal, aunque durante ese tiempo el Ayuntamiento deberá seguir consignando de forma prioritaria los intereses legales para evitar el vencimiento anticipado de toda la deuda.
