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La entidad afirma que se trata de uno de los centros penitenciarios «más conflictivos de España» y que 8 de estas agresiones son graves, a consecuencia de las cuales,»varios de los trabajadores tuvieron que permanecer de baja médica», alegan.
El Centro Penitenciario de Picassent «es uno de los centros penitenciarios más conflictivos del sistema penitenciario español», debido, entre otras cosas, a que alberga «una mezcla muy diversa de internos/as, jóvenes, adultos, mujeres en primer grado, hombres en primer grado (el primer grado es el régimen que se aplica a los internos/as más peligrosos)», ha detallado a través de un comunicado Acaip-UGT.
La entidad denuncia que cada día «se producen varios incidentes en el centro», muchos de ellos «graves o muy graves», a consecuencia de los cuales son «agredidos o amenazados trabajadores del centro u otros internos».
Asimismo, tal y como señala UGT en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 se han producido un total de 585 incidentes graves o muy graves en el centro penitenciario y algunos de estos son: 8 agresiones o intentos de agresión a funcionarios con lesiones de diversa gravedad, a consecuencia de los cuales, incluso, «varios de los trabajadores agredidos tuvieron que permanecer de baja médica», alegan. La entidad explica que algunos de los métodos empleados por los internos para agredir a los trabajadores son «puñetazos en la cara, patadas, mordiscos y arañazos».
Además, «se han producido hechos que no han llegado a la agresión, por suerte, o por intervención de otros internos, que sujetan al que intenta agredir». En esta línea, la entidad hace hincapié en varios incidentes: En primer lugar, el 4 de febrero de 2021 mientras se estaba realizando un electrocardiograma a un interno en aparente estado de inconsciencia, éste «se revuelve de forma violenta contra los funcionarios y personal sanitario a los que trata de agredir», afirman.
Por otro lado, el 9 de febrero un interno «destroza la silla contra el cristal de la celda que ocupa. Otros internos y los funcionarios de servicio intentan calmarlo sin conseguirlo». En ese momento «la emprende a puñetazos contra los trabajadores, que consiguen esquivarlos». Ese mismo día un interno ingresado en la enfermería del centro «amenaza con un bolígrafo a una funcionaria a la vez que la empuja». A consecuencia de ello la funcionaria «se golpea en la pierna, en la cual se le produce una herida».
El 12 de marzo cuando las funcionarias de servicio acompañan a una interna clasificada en primer grado al patio, esta empuja a una de ellas y «amenaza de muerte gravemente al resto». Además, el 28 de abril, en el transcurso de una llamada telefónica, un interno «está amenazando de muerte a su pareja y los funcionarios de servicio «acuden a tranquilizarlo, en ese momento el interno se revuelve contra ellos, les empuja, y también les amenaza de muerte».
Por este motivo, dicha entidad denuncia que la administración penitenciaria, «tan solo considera que hay agresión a un trabajador si hay daño. Así, por ejemplo, en el caso de que un interno le ponga un cuchillo en el cuello a un trabajador, solo sería reflejado como agresión si le clava dicho cuchillo y esto es algo totalmente inconcebible».
Asimismo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «se sigue negando a que los funcionarios penitenciarios tengan la condición de Agente de la Autoridad en el desempeño de sus funciones» (algo que si tienen por ejemplo los maestros y los médicos) y que les ofrecería una «mayor protección jurídica y de prevención general», apuntan.
En estos momentos hay en el Centro Penitenciario de Valencia «un total de 37 internos e internas que tienen «antecedentes de agresiones a trabajadores penitenciarios». Por lo que, 86 trabajadores han tenido» amenazas graves, coacciones o insultos graves a trabajadores». En muchos de los casos de trata de «amenazas de muerte y también amenazas a los trabajadores de actuar contra ellos una vez que salgan en libertad».
Se han contabilizado un total de 64 agresiones entre internos, «de mayor o menor gravedad, alguno de los cuales ha sufrido lesiones de importancia». Además, en total se han denunciado 34 casos de amenazas y coacciones «graves de unos internos sobre otros». También se han producido 36 casos de autolesiones por parte de los internos, entre otros muchos hechos ocurridos en el centro.
Por este motivo, Acaip-UGT muestra que este establecimiento penitenciario sigue presentando unos problemas endémicos: Es uno de los centros del Estado que mayor número de internos e internas muy peligrosos acoge, siendo 32 en total (17 hombres y 15 mujeres), «pese a que dispone de menos medidas de seguridad y una peor estructura que otros más modernos para albergarlos»; El déficit en materia de personal del centro «continúa aumentando», ya que en los últimos 4 años se ha perdido «más de un 30 por ciento de la plantilla y no se reponen las vacantes que cada año se producen por fallecimiento, jubilaciones, cumplimiento de la edad para dejar de trabajar en contacto con los internos».
Deficiencias estructurales en la seguridad
El centro en la actualidad aloja 27 internos de este tipo. Ello supone que tengan que estar repartidos entre varios departamentos. Por este motivo, otro de los aspectos que el sindicato ha denunciado en el escrito es que el módulo que alberga a la mayoría «tiene gran cantidad de deficiencias estructurales en materia de seguridad, y supone un riesgo añadido para los trabajadores que prestan servicio en el mismo».
Es un departamento, prosigue la entidad, «que no figuraba en el proyecto original del centro, que se añadió posteriormente, y que, pese a sus reformas, por lo reducido de sus espacios, genera una gran sensación de estrés tanto a trabajadores como a internos». Además «de esa falta de medidas de seguridad», denunciada una y otra vez por este Sindicato, el Defensor del Pueblo ha señalado que «carece de condiciones adecuadas, habiendo formulado una recomendación para su clausura definitiva».
A ello hay que añadir que hay un déficit endémico en materia de personal, debido al «maltrato desde la Secretaría General de II.PP. que lo considera como un centro normal a la hora de dotación de personal (algo que no es cierto debido a su tamaño y a su estructura arquitectónica)». Ha quedado demostrado, prosiguen, «en numerosas ocasiones que cuando el número de funcionarios prestando servicio se reduce, se incrementa la conflictividad, ya que los trabajadores no pueden llevar a cabo una adecuada vigilancia y control de lo que sucede en el centro», y es «imposible» el poder cumplir con los objetivos constitucionales de reinserción de los internos, afirman.
