La Unió Llauradora ha mostrado su profunda preocupación por la tendencia a la baja en los precios del aceite de oliva y ha alertado de que este desplome amenaza con trasladarse directamente a los agricultores de la Comunitat Valenciana, incluso antes de que comience de forma generalizada la campaña de recolección a finales de este mes de septiembre.
Desde la organización agraria denuncian que las cotizaciones actuales no responden a la ley real de la oferta y la demanda. A nivel estatal, la producción de la presente campaña se ha reducido un 9% y el volumen comercializado ha bajado un 2,6%, con unas existencias finales apenas un 6% superiores. Pese a estos datos, el precio del aceite de oliva virgen extra acumula una caída superior al 15%, situándose por debajo de los registros de ejercicios anteriores.
Presión por las importaciones y costes de producción al alza
LA UNIÓ señala a la entrada masiva de producto exterior como una de las causas de esta presión bajista. Las importaciones españolas de aceite de oliva han crecido un 16% respecto a la media de las últimas cuatro campañas. Por ello, la entidad exige que se aplique el principio de reciprocidad y se garantice que las importaciones de terceros países cumplan con las mismas exigencias medioambientales, laborales y fitosanitarias que se exigen a los olivicultores europeos.
A este escenario de precios a la baja se suma un encarecimiento constante de las labores del campo. Según datos de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), los costes de producción se han incrementado cerca de un 12% en los últimos tres años, situando a muchas explotaciones al borde de los números rojos.
Riesgo para el olivar tradicional de interior
Esta coyuntura afecta de forma severa al modelo agrícola de la Comunitat Valenciana, caracterizado por un olivar tradicional, de secano y situado en zonas de interior o montaña con escasa capacidad de mecanización. Para la organización, recortar costes no es una opción viable en este tipo de cultivo, que además cumple un papel clave en la vertebración del territorio, la conservación del paisaje y la lucha contra el despoblamiento rural.
Ante esta situación, LA UNIÓ ha solicitado al Ministerio de Agricultura mayor transparencia e información actualizada sobre existencias, previsiones de cosecha e importaciones para evitar movimientos especulativos. Asimismo, ha instado a todos los agentes de la cadena alimentaria a actuar con responsabilidad y no recurrir a estimaciones prematuras sobre cosechas futuras para justificar bajadas de precio en el origen.
