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Los populares entienden que después de año y medio de atrasos en la actualización del salario mínimo interprofesional, las quejas de los trabajadores «están más que justificadas». Insisten a Cabanes en que «se siente con la empresa prestataria a exigir que cumpla con sus obligaciones laborales».
El Partido Popular ha presentado un registro de entrada al Ayuntamiento de Sedaví para exigir que «se reúnan con los representantes de la empresa concesionaria del servicio de limpieza y buscar una solución al agravio».
Los populares entienden que después de año y medio de atrasos en la actualización del salario mínimo interprofesional, las quejas de los trabajadores «están más que justificadas». Insisten a Cabanes en que «se siente con la empresa prestataria a exigir que cumpla con sus obligaciones laborales».
La coalición ha detallado que el Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero fija el salario mínimo interprofesional con efectos de 1 de enero de 2020, «tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar». El salario mínimo interprofesional quedaba entonces fijado «en 31,66€/día suponiendo una subida alrededor del 5,5% respecto a lo dispuesto para 2019».
Por su parte, Raúl Hellín, portavoz popular en Sedaví, queda patente la falta de interés del gobierno socialista «en luchar por los intereses de los trabajadores». Algo que «ya ha ocurrido recientemente en los municipios vecinos de Alfafar y Paiporta, entre otros», a raíz de una «denuncia sindical ante la Inspección del Trabajo y Seguridad Social», explica.
Asimismo, en la resolución de 27de marzo del 2020, explican el órgano inspector establece que «la cuantía míima del Salario Mínimo Interprofesional debe estar garantizada en la nómina de los trabajadores».
Así las cosas, para Hellín “como responsables de la administración pública, los socialistas deben ser pro-activos y empezar -más vale tarde que nunca- a defender los intereses económicos de los trabajadores, evitando que tengan que recurrir a la demanda individual y esperar más tiempo a cobrar lo que por ley es suyo”.
El Ayuntamiento como contratante «debe ser capaz de demostrar su peso y autoridad ante una empresa que incumple con sus trabajadores, siendo valor de ejemplo y garante del cumplimiento de sus derechos», concluye el popular.