La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha convocado a sus compañeros socialistas y alcaldes de los municipios que pertenecen al área de Salud de Manises a una reunión el próximo 12 de septiembre con el fin de hacer un frente común para que la gestión de la Sanidad de las localidades afectadas vuelva a ser pública, iniciado por el gobierno del Botànic.
La convocatoria atañe así a la mitad de los municipios del área de salud de Manises, es decir siete de las catorce localidades, pero que son los que concentran más de tres cuartas partes de la población del departamento. Así los ayuntamientos socialistas se concentran especialmente en l’Horta Sud y son los que más vecinos tienen: Quart de Poblet, Manises, Aldaia, Mislata y Riba Roja, además de Cheste y Yátova, de la Hoya de Buñol, con un total de 140.000 habitantes de los poco más de 180.000 con los que cuenta.
Desde el gobierno de Quart de Poblet se afirma que «la recuperación de la gestión sanitaria para el sistema público es una demanda histórica de los municipios afectados y del propio personal trabajador del área, que denuncia peores condiciones laborales que los y las trabajadoras de la sanidad pública, lo que sin duda repercute en una peor atención sanitaria».
Añaden también que los y las vecinas de Quart de Poblet «también padecen las consecuencias de una gestión mercantilista de la sanidad y han tenido que sufrir recientemente el cierre del consultorio auxiliar de Santa Cecilia por falta de facultativos, un cierre que el Ayuntamiento quiso compensar poniendo un servicio de transporte gratuito hasta el centro de salud para los y las pacientes más vulnerables, de forma que no tuvieran que recorrer ese camino en situación de calor extremo».
En el último año, el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha mantenido varias reuniones con el comité de empresa para recoger sus preocupaciones y trasladar a la Conselleria de Sanidad su situación de cara a una reversión que parecía asegurada, sobre todo desde que se comunicara oficialmente a la empresa Sanitas, el pasado 30 de abril, que no renovaría la concesión una vez finalizara en mayo de 2024.
Sin embargo, el nuevo gobierno autonómico fruto del pacto entre PP y VOX ha paralizado este proceso «generando inquietud entre nuestros vecinos y vecinas e incertidumbre entre el personal trabajador’’.
Cristina Mora ha manifestado en su carta que, dada ‘»la precariedad asistencial que padecemos los municipios de este departamento de salud, creo necesario que hagamos un frente común para defender nuestros derechos ante una posible no reversión y establezcamos una hoja de ruta común para evitar la dilación del proceso’».
La alcaldesa Cristina Mora teme que el proceso de recuperación quede congelado y se pasen los plazos para hacer efectiva la reversión. «Llevamos quince años esperando desde que el PP privatizó nuestra salud, y ha llegado el momento de atender una demanda histórica de los municipios adscritos y del mismo personal sanitario», manifiesta Mora.
Mora se reunió en julio con el Comité de empresa del Hospital de Manises y exclipan que recogieron «su preocupación de que el nuevo gobierno de Mazón no cumpla con el compromiso del anterior Consell, incluso después de que el portavoz popular de Sanidad, José Juan Zaplana, se comprometiera con los trabajadores a seguir adelante con el proceso».
Señalan así desde Quart que el Comité de empresa destacaba que el objetivo primordial de una empresa privada «es el beneficio económico, y eso se está consiguiendo disminuyendo al mínimo los servicios a la población y priorizando las operaciones privadas, lo que implica un aumento de las listas de espera y una mayor carga de trabajo para el personal sanitario que soportan a pesar de salarios precarios y poco competitivos». Añaden que para el comité el modelo público supone “mayor calidad asistencial y mejor atención al paciente y a sus profesionales. Priorizar lo económico a lo asistencial nos aleja de los estándares de calidad que solicita una sociedad avanzada como es la nuestra».
