La sección quinta de la Audiencia Provincial de València ha condenado a Luisa Salvador Tomás, exalcaldesa del Puig de Santa Maria (PSPV), a la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.
Según consta como probado en la sentencia la exalcaldesa, mediante decreto de 25 de noviembre de 2019, resolvió mostrar la conformidad de la Alcaldía para que una funcionaria ocupara el cargo de interventora en el Ayuntamiento en comisión de servicios por tiempo de un año prorrogable.
Al mismo tiempo resolvió solicitar la preceptiva conformidad a la comisión de servicios del Ayuntamiento de Rafelbunyol por ser la administración local de procedencia de la funcionaria, y la correspondiente autorización a la Dirección General de la Administración local para efectuar su nombramiento como interventora.
Mientras se cursaba la tramitación del expediente, recibida la conformidad del Ayuntamiento de Rafelbunyol y a la espera de la autorización de la Dirección General de la Administración local, con motivo de unas «desavenencias» surgidas por las conclusiones expuestas por la funcionaria en un informe de control en el ejercicio de sus funciones como interventora del Ayuntamiento del Puig de Santa Maria el 4 de diciembre de 2019, se resolvió invalidar el anterior decreto.
Y esto se hizo sin el procedimiento legalmente establecido, sin motivar la resolución y sin que concurriera causa objetiva que justificara la decisión, «actuando por ello de forma arbitraria». Así, se paralizó el procedimiento administrativo y se impidió el nombramiento solicitado por la funcionaria, que cesó en sus funciones el 3 de diciembre de 2019.
