La Conselleria de Educación ha revocado un total de 66 actuaciones del Pla Edificant delegadas en los ayuntamientos de 46 municipios, unas obras valoradas en un total de 251 millones de euros, lo cual ha provocado que algunos de estos consistorios se revuelvan contra la decisión.
La medida, comunicada por carta el pasado viernes 11 de abril, es justificada por el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, afirmando que llevan una demora de más de un año en la licitación o el proyecto, por lo que les piden que expliquen los motivos y presenten alegaciones. Critica que «a día de hoy no vemos avances en el registro de la plataforma Edificant», y apela a un «uso eficiente de los recursos».
Explica el departamento que hay 46 municipios con intervenciones atrasadas que van desde el año 2018 a 2023, y algunas delegadas por el anterior Gobierno valenciano ya en funciones. Además, añaden que según el artículo 4 del Decreto-Ley 5/2017: “Podrá revocarse la delegación cuando después del plazo de un año a contar desde el día de la firma de la resolución o convenio en la cual se acordó, la entidad local no haya realizado ninguna licitación, adjudicación u orden de ejecución para la realización de las competencias delegadas”.
Por ello Larena afirma que «la Conselleria no va contra nadie, pero es necesario saber a qué se deben esos retrasos, y por ello se ha dado un plazo de 10 días hábiles para que los ayuntamientos den sus explicaciones y presenten las alegaciones”. “Hay casos en los que cuesta entender una demora tan grande en las actuaciones, ya que ha pasado mucho más de un año y no observamos avances”, ha señalado. Así, Larena ha indicado que de las 66 delegaciones hay dos de 2018, tres que datan de 2019, dos de 2020, 5 de 2021 y 16 de 2022.
Protesta de los ayuntamientos
Ante las cartas recibidas han sido varios los ayuntamientos que han protestado por la medida de retirarles la delegación de obras, entre ellos la Vall d’Uixó, Cullera, Xàtiva y Alcoi.
El Ayuntamiento de la Vall d’Uixió ya protestó el pasado viernes cuando recibió el comunicado. El consistorio explicaba que las obras revocadas son las de rehabilitación del CEIP Assumpció, aprobadas por un importe de casi 1.7 millones, y que el proyecto de ejecución “ya ha sido presentado y está actualmente en fase de revisión técnica por parte de la oficina técnica del Ayuntamiento». La licitación está prevista para abrirse en el plazo aproximado de un mes. Por ello han anunciado que presentan alegaciones y recurre legalmente esta decisión mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo.
Por otro lado el gobierno de la socialista Tania Baños considera esta medida “un ataque frontal de la Generalitat Valenciana al Pla Edificant y a la educación pública».
Desde Cullera el Ayuntamiento se explica que los proyectos revocados son los de los CEIP Doctor Alemany y San Agustín, pero añaden que la Generalitat también ha eliminado de sus presupuestos la inversión destinada a las reformas del IES Llopis Marí, el CEIP La Escolaica y el Conservatorio Profesional de Música Rafael Talens Pelló de Cullera. El alcalde Jordi Mayor (PSPV), que también ha anunciado alegaciones, afirma que la Conselleria «introdujo el año pasado una cláusula, sin ningún aviso previo, que especificaba que se retiraba la inversión si los ayuntamientos no licitaban las obras en un año, un periodo de tiempo imposible».
Con todo Mayor criticaba la medida en el mismo sentido: «se han cargado el Pla Edificant, es una ataque contra la educación pública y un recorte de 6 millones de euros de inversión en nuestras escuelas». Y concluye que «el Partido Popular tiene un plan en toda la Comunitat Valenciana: acabar con toda inversión pública en educación y sanidad. Su estrategia es humillar los servicios públicos para, como han hecho siempre, privatizar todo lo que sea posible».
En el caso de Xàtiva afecta al proyecto del colegio Attilio Bruschetti, el Ayuntamiento señala que ha estado actuando para adaptar el proyecto conforme a los requerimientos de la propia dirección de Patrimonio de la Generalitat, al estar el edificio en el marco del núcleo antiguo. El proyecto pasó supervisión por parte de la Comisión Mixta de Patrimonio del pasado 27 de marzo, motivo por lo cual el gobierno de Roger Cerdà (PSPV) afirma que «resulta incomprensible este apremio».
Ante esta situación justifican que «el retraso al que alude el requerimiento viene motivado por esta circunstancia únicamente y no puede ser imputado a la gestión municipal». El Ayuntamiento presentará alegaciones en el plazo preceptivo de 10 días.
Finalmente desde Alcoi el ayuntamiento dirigido por el también socialista Toni Francés ha indicado que se trata de los proyectos de las obras del IES Pare Vitoria y anuncian que van a alegar, dado que ya han licitado la redacción del proyecto y se adjudicará en los próximos días.
