El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 283 millones en concepto de compensaciones urbanísticas a los propietarios de los terrenos ubicados en Serra Gelada por la protección de los terrenos con la declaración de Parque Natural en 2005. A esta cantidad, que es justo el doble que el presupuesto del Ayuntamiento de Benidorm para 2024, 141,6 millones de euros, se le han de sumar además 50 millones en concepto de intereses, en total, casi el 230% del presupuesto municipal.
Así lo explican este jueves diversos médicos alicantinos, un caso que se remonta a 2003, cuando el Ayuntamiento de Benidorm y los dueños del Área de Planeamiento Remitido (APR) 7, ante la inminencia de la protección como Parque Natural de Serra Gelada, firmaron un convenio por el que el consistorio benidormense se comprometía a compensar a los dueños ofreciéndoles suelo en otras zonas de la localidad.
Los terrenos en cuestión alcanzan un total de 494.414 metros cuadrados, comprendidos dentro del actual Parque Natural de la Serra Gelada, pero que en 1963 eran terrenos calificados como suelo urbano. En 1982 el proyecto de delimitación urbano ordenó las zonas X, Y, Z y la zona especial, y en 1988, con el proyecto de revisión de PGOU se crea el APR-7.
No obstante la APR-7 nunca fue aprobada como suelo urbano, fue suspendida por resolución confirmada por TSJCV 11 de enero de 1999 porque la Generalitat tramitó un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Por ello, cuatro años después, el Ayuntamiento de Benidorm aprobó el convenio para desclasificar el suelo de Serra Gelada a cambio de compensar el aprovechamiento urbanístico perdido por la protección de los terrenos, con otros equivalentes en otras partes del municipio.
Este APR-7 fue firmado en 2003 y caducó en 2018 (con modificaciones en 2010 y 2013), pero jamás llegó a sustanciarse y, como consecuencia, los propietarios iniciaron un proceso de reclamaciones judiciales que se ha extendido hasta el ahora que ya hay decisión de la justicia.
En 2022 el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante rebajó la demanda de los perjudicados y valoraba en 683.000 euros la indemnización que deberían percibir los propietarios. Pero ahora la Sección Primera de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSJ revoca la sentencia y da la razón a los dueños de los terrenos, Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, cifrando en 283 millones más 50 en intereses el montante total a percibir. La resolución dictada ahora por el TSJ no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.
