La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por una decena de ayuntamientos contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2023, que aprobó la clausura del tramo ferroviario Tarancón-Utiel de la línea Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis. El tribunal ha ratificado la decisión, al considerar que no existe fundamento legal para anular el acuerdo, ya que los recurrentes no aportaron elementos probatorios concretos que acreditaran la arbitrariedad o la vulneración de derechos.
La sentencia subraya que el informe de la empresa estatal INECO, que fue presentado durante el proceso, evidencia el bajo tráfico de la línea y su deficiente estado de conservación, con limitaciones significativas de velocidad debido al deterioro de la infraestructura. Además, se señala la disminución de población en las zonas afectadas desde 2009 y la caída constante de la demanda de usuarios, lo que justifica la rentabilidad económica negativa del tramo.
En cuanto a la justificación social del cierre, la sentencia explica que, además del informe de INECO, se basa en el Protocolo General de Actuación firmado el 9 de marzo de 2022 entre el Ministerio de Transportes, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca, el Ayuntamiento de Cuenca y ADIF, que contempla un proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de Cuenca. Este protocolo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de mayo de 2022.
El tribunal destaca que el acuerdo de clausura fue consensuado entre varias administraciones públicas afectadas, lo que, según el Supremo, demuestra que el Consejo de Ministros contaba con la información suficiente para adoptar su decisión.
Además, la sentencia señala que el cierre del tramo ferroviario permitirá transformar el impacto de la clausura en nuevas oportunidades para la región. Entre las medidas propuestas se incluye la conversión del tramo en una «vía verde» para peatones y ciclistas, la generación de actividades económicas alrededor de la infraestructura, la puesta en valor de los apeaderos históricos y la creación de nuevas vías de comunicación urbana. Estas actuaciones buscan fomentar el desarrollo social y económico en la zona, justificando el cierre de la vía no solo desde una perspectiva económica, sino también social.