El Ayuntamiento de Zarra convoca un pleno para relevar a Juan José Rubio en la alcaldía

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El Ayuntamiento de Zarra ha convocado un pleno extraordinario para mañana, jueves, con el fin de dar cuenta de la renuncia del alcalde, Juan José Rubio, tras la condena firme que le inhabilita para cargo público. Su puesto podría ocuparlo Montserrat Rubio, la número dos en la candidatura de la Agrupación de Electores por Zarra.

Ángel Pérez o Juan Manuel Martínez son los otros dos concejales que en estos momentos forman parte del gobierno de Zarra. El acta de concejal de Rubio debería ocuparlo normalmente el siguiente en la lista, Juan Escudero, aunque para ello habrá que convocar un nuevo pleno.

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de prisión a Juan José Rubio por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio al haber autorizado la construcción de 50 viviendas en suelo no urbanizable, y a ocho años de inhabilitación especial para cargo público, que conlleva la privación del cargo efectivo de alcalde.

Juan José Rubio ha sido alcalde de Zarra, una población de 381 habitantes de la provincia de Valencia, desde 1979 de manera ininterrumpida, primero por el PSPV-PSOE y desde el año 2007 como independiente, por la Agrupación de electores por Zarra (AEPZ).

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El Supremo le considera autor de un delito continuado de prevaricación urbanística con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y como cooperador necesario de otro delito contra la ordenación del territorio cometidos al haber autorizado la construcción de cincuenta viviendas en suelo no urbanizable.

La sentencia confirma la pena de catorce meses de prisión impuesta al hijo del alcalde por un delito continuado contra la ordenación del territorio con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El Supremo ha estimado de forma parcial el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que le impuso dos años y cuatros meses de prisión por los mismos delitos, además de una multa de 5.760 euros e inhabilitación para empleo o cargo público por ocho años.

La Sala ha modificado esta sentencia en la parte referida a la pena de prisión por el delito de prevaricación para el alcalde, que ha pasado de 14 a 10 meses de prisión y ha anulado la multa al no estar contemplada en la ley vigente en el momento de los hechos (las licencias se centran en 2003-2004).

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