El TSJ anula el contrato de gestión del agua potable de Riba-roja y obliga a sacar el concurso de 2012

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Uno de los momentos de la sesión plenaria.

La sección quinta de la sala lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha aceptado el recurso de apelación interpuesto por la empresa Aguas de Valencia contra el acuerdo del ayuntamiento de Riba-roja de Túria de julio de 2012 por el que se adjudicaba el servicio de gestión del agua potable y el saneamiento municipal a Hidraqua. La sentencia del alto tribunal corrige una decisión anterior de la sala número 1 de la misma instancia en la que se rechazaba el recurso de la citada empresa.

El fallo de los magistrados estima la apelación de la mercantil en contra de la decisión del entonces equipo de gobierno de Riba-roja, encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, de adjudicar el servicio de agua a la empresa Hidraqua, anula los pliegos de condiciones y obliga al consistorio a volver a sacar a concurso público el servicio de gestión del agua de fecha 30 de julio del año 2012.

La decisión del TSJ se fundamenta en la falta de redacción y aprobación de los proyectos y anteproyectos para la ejecución de las obras que se han llevado a cabo tras la adjudicación del contrato rubricado entre ambas partes -ayuntamiento e Hidraqua, entre las que destacaba la instalación de hidrantes contra incendios en la red de distribución de agua, la adecuación a la red de saneamiento separativa del polígono industrial l’Oliveral y el abastecimiento de agua potable al polígono industrial de la zona sur y, por último, la conexión de depósitos del Calvario con la hinca existente en la variante de Riba-roja.

Tres anteproyectos que deberían ajustarse a la ley

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La parte recurrente considera que en el pliego de condiciones se incluyen tres anteproyectos que debían ajustarse a la ley de contratos públicos, es decir, era necesaria la redacción de los correspondientes proyectos de obra conforme al artículo 129 del texto refundido de la ley de contratos, una aprobación que, en modo alguno, se llevó a cabo, además de recordar el incumplimiento de plazos para la presentación de ofertas y una inconcreción sobre la extensión de terrenos afectada por el contrato.

Frente a ello, tanto la parte demandada -el Ayuntamiento- como la parte codemandada -la adjudicataria Hidraqua- estiman que las obras no son necesarias y las reduce a aquellas “sin las que la prestación del servicio sería imposible”, rechaza una vulneración del plazo como afirma la empresa demandante y asegura una concreción correcta de objeto contractual.

La sentencia del TSJ concluye que en los contratos que contengan ejecución de obras “la tramitación irá precedida de la elaboración y aprobación administrativa del anteproyecto de explotación y del correspondiente a las obras precisas”. Y detalla, además, que el anteproyecto debía contener una memoria, los planos de situación, un presupuesto, un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de la obra y someterla a información pública y, por último, en el pliego los licitadores podrán introducir las variantes o mejoras que estimen oportunas.

“La falta del mismo -el anteproyecto- determina la falta conformidad a derecho de la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y su anulación que conlleva la de todos los actos posteriores al mismo, con estimación del presente recurso de apelación y revocación de la sentencia de instancia”, subraya el auto del alto tribunal valenciano.

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Por tanto, el auto del TSJ anula el acuerdo del pleno del ayuntamiento de Riba-roja de Túria, estima las alegaciones de la parte demandante Aguas de Valencia e insta al consistorio a volver a sacar a concurso público el servicio de gestión y explotación del agua potable municipal casi cinco años después de adjudicarse a la empresa actual que presta el servicio público.

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