Trece años después se abre juicio oral a ocho personas por el accidente de MetroValencia

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Ciutat de la Justícia de València

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha abierto juicio oral ante un Juzgado de lo Penal contra los ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) investigados por el accidente de Metro ocurrido el 3 de julio de 2006.

La magistrada ha tomado esta decisión en un auto notificado hoy, después de que la Audiencia Provincial de Valencia diera por concluida la instrucción y desestimara los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y las defensas contra la transformación de la causa en un procedimiento abreviado.

El Juzgado número 21 de València concluyó el pasado 31 de octubre la instrucción del caso, después de rechazar el sobreseimiento del mismo solicitado por los exdirectivos y decidió incoar el procedimiento abreviado para estas ocho personas, entre ellas la exgerente de FGV Marisa Gracia y el exjefe de talleres.

Además de Marisa Gracia, entre los investigados se encuentran los exdirectivos de esta empresa pública Juan José Gimeno Barberá, Vicente Antonio Contreras Bornez, Manuel Sansano Muñoz, Francisco García Sigüenza, Sebastián Argente Cuesta, Luis Miguel Domingo Alepuz y Salvador Orts Pardo, todos ellos miembros del Comité de Seguridad en la Circulación de esa empresa pública.

La Fiscalía pedía, en sus conclusiones provisionales, tres años y siete meses de prisión para la exgerente de FGV y para los otros siete procesados en la causa, al considerarlos autores materiales por omisión o por cooperación necesaria de 43 delitos de homicidio, por imprudencia grave profesional; de 37 delitos de lesiones, por imprudencia grave profesional; y de un delito contra los derechos de los trabajadores.

En su escrito, la Fiscalía relata una serie de “graves deficiencias” en la línea de metro accidentada, la línea 1, y asegura que “eran conocidas” por los organismos encargados de la seguridad en FGV, el Comité de Seguridad en la Circulación y la Dirección de Auditoría para la seguridad, que debieron ser “controladas” y en su caso sancionadas.

Los acusados, desde sus puestos de responsabilidad y su poder de decisión directo para decidir medidas de seguridad, “conocían o debían conocer” las deficiencias, que ponían de manifiesto “defectos muy graves de seguridad” en la línea 1, señalaba la Fiscalía en sus conclusiones.

En el auto, contra el que no cabe recurso salvo al relativo a la situación personal de los acusados, la jueza acuerda además mantener al situación de libertad de estos últimos y da por dirigida la acción civil contra la aseguradora Zurich y contra FGV en concepto de responsable civil directo y subsidiario, respectivamente, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Asimismo, señala como órganos competentes para el conocimiento y fallo de esta causa a los juzgados de los Penal de València, y rechaza abrir una pieza separada sobre responsabilidades pecuniarias, sin perjuicio de lo que pueda acordar en caso de condena el juzgado que dicte la sentencia.

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