Torrent recurrirá la sentencia que le obliga a pagar 70.000 euros a becarios tras detectar fraude en su situación laboral

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El alcalde de Torrent, Jesús Ros junto a dos concejales.

Inspección de Trabajo estipuló una primera sentencia, que obligaba al consistorio a pagar un total de 60 euros. Sin embargo, finalmente este ha acordado que el Ayuntamiento de Torrent debe pagar a los 3 becarios un total de 70.000 euros, hecho por el cual va a presentar un recurso.

El alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha adelantado a los medios este miércoles que el ayuntamiento «va a recurrir la segunda sentencia que nos obliga a pagar un total de 70.000 euros» tras la denuncia interpuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y la posterior revisión de Inspección de Trabajo que detectó finalmente fraude en la situación laboral de tres de los becarios que trabajaban en el consistorio torrentino.

Ante esto, tras la denuncia, Inspección de Trabajo estipuló una primera sentencia, que obligaba al consistorio a pagar un total de 60 euros. Sin embargo, finalmente este ha acordado que el Ayuntamiento de Torrent debe pagar a los 3 becarios un total de 70.000 euros, hecho por el cual va a presentar un recurso.

Recordemos que, estos tres afectados, según un comunicado emitido por Inspección y reproducido por CCOO, debían cotizar «como trabajadores de la Administración», pudiendo reclamar «el reconocimiento de derechos».

Concretamente, la situación de becarios en la que se encuentran sería «incorrecta», ya que del acta de inspección practicada en el gabinete de comunicación se desprenden las características propias de «una relación laboral». Así, tras las conclusiones de esta inspección, diferentes becarios del consistorio, que se encuentran en la misma situación, «verían como se abre una puerta para denunciar sus circunstancias».

Todo ello, daría lugar a posibles «reclamaciones y el reconocimiento de derechos», refiriéndose a «prestaciones por desempleo, la posibilidad de reclamar diferencias salariales e incluso demandas a la jurisdicción social para el establecimiento de una relación laboral indefinida por fraude en la contratación, con la posibilidad de que la justicia pueda condenar a la administración a indemnizar por despido improcedente».

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