Salarios

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José Carlos Morenilla

periodista

Aprobada la Constitución en 1978, se fueron derogando y sustituyendo las leyes por otras acordes a lo establecido en nuestra Carta Magna. Uno de los logros fundamentales de aquel periodo de Transición fue la nueva ley que regulaba las relaciones laborales: El Estatuto de los Trabajadores, promulgada en octubre de 1980. Fue posible gracias al esfuerzo de todos los partidos políticos reunidos en lo que se llamó los Pactos de la Moncloa.

Mientras que la Constitución de 1978 apenas si ha tenido modificaciones, el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido constantes enmiendas, casi todas ellas destinadas a matizar o limitar los derechos de los trabajadores proclamados en él. La última reforma general de esa ley vital para el funcionamiento de un estado es la que se recoge en la promulgación del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores de 23 de Octubre de 2015, exactamente 35 años después de su primera formulación. Texto que, a pesar de ser tan cercano, ya ha sido parcheado de nuevo.

La regulación de las relaciones laborales es un asunto vital para la sociedad española. Un Estado moderno, y España lo es, garantiza a una empresa un marco seguro de funcionamiento que permite obtener los resultados previstos  de la inversión económica necesaria para su puesta en marcha. Vivimos en un sistema de libre mercado, es decir, cualquier actividad empresarial es posible dentro de los límites legales conocidos. Pero no debemos olvidar que el objetivo de cualquier estado es conseguir que sus ciudadanos puedan vivir  con la mejor prosperidad y bienestar posibles. A menudo este objetivo parece olvidarse.

Las empresas deben perseguir legítimamente la obtención del mayor beneficio económico, pero dentro de condiciones de funcionamiento que los estados que las acogen impongan. En España reciben seguridad jurídica, libertad y mercado. Un mercado libre de aranceles en toda la Unión Europea nada menos. A cambio pagan impuestos… y salarios.

En un mundo globalizado y competitivo es necesario calcular con mucha precisión la oferta que a los inversores ofrece un estado. Un país sin iniciativa privada empresarial estaría sumido en una economía poco menos que medieval. Muchos de los emigrantes que penosamente llegan a España provienen de países donde no se reúnen las condiciones mínimas exigibles para inversiones empresariales seguras. Es decir, no podemos ser exigentes en demasía en impuestos o costes salariales so pena de quedarnos sin empresas.

Por el contrario, si para conseguir desarrollo económico renunciamos al objetivo prioritario de prosperidad y bienestar ciudadano, estamos condenando para siempre a nuestra población a la penuria y la precariedad. Hoy, alejados de aquel tiempo en que los humanos sobrevivían a base de caza, pesca o recolección de frutos salvajes, todos vivimos de un salario. Esa paga de regularidad mensual que nos permite mantener nuestra vivienda y obtener los alimentos y servicios necesarios para la vida. La cuantía del salario es, por lo tanto, un asunto vital. En España, esas pagas tienen varias procedencias. Por un lado, están los pensionistas, funcionarios y empleados públicos a los que paga el Estado, y por otra, los trabajadores por cuenta ajena, y finalmente, los autónomos. Debemos excluir de la categoría de los asalariados que analizamos hoy, a los funcionarios, pensionistas y autónomos porque sus condiciones retributivas no están sometidas a la normativa laboral común.

En España el salario medio es menos de la mitad del alemán o francés y un tercio de lo que perciben islandeses o noruegos, y eso que estas estadísticas incluyen para su cálculo a sectores de empleos como los públicos o trabajadores protegidos por indemnizaciones muy altas en caso de despido que están disminuyendo rápidamente. Así el sueldo medio en España en 2016, suponiendo un trabajo a jornada completa y calculando la percepción anual divida por 12 meses, era, según publicaciones especializadas, de 1600 euros aproximadamente, encontrando diferencias entre comunidades de más del 20%. Además, como el incremento salarial anual está claramente por debajo de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ha sido, dependiendo de comunidades, de entre el 2% y el 3% en los últimos cinco años.

Otro dato revelador de la disminución gradual de los salarios es el porcentaje que supone la masa salarial (MS) sobre el PIB. Las rentas salariales antes de la crisis de 2008 superaban claramente el 50% del PIB y las rentas del capital y autónomos apenas pasaban del 40%. En este momento las primeras apenas están por encima del 46%, mientras que las segundas  ya sobrepasan el 43%.

Si por un momento, observamos la situación de los ciudadanos españoles cuya supervivencia depende de su salario, al margen de las cifras macro-económicas, nos encontramos con grupos muy dispares. Hay parados de larga duración en número que supera los dos millones hoy, que han agotado toda clase de prestaciones y subsidios. Hay jóvenes con escasa formación, fruto del fracaso escolar de nuestro sistema educativo, que tienen muy pocas perspectivas de encontrar su primer empleo. También hay jóvenes que han terminado su formación profesional con éxito y que ante las nulas posibilidades de encontrar un empleo que les permita crear una familia y ser independientes económicamente hablando, se ven obligados a emigrar a otros países de la Unión. Y, lamentablemente, tenemos mujeres discriminadas laboralmente porque tienen una edad en la que pueden engendrar hijos y las empresas no quieren soportar el coste adicional que tal circunstancia les supone. ¿Cómo sobrevivimos a esta catástrofe? Lo hacemos porque en España contamos con un arma secreta para la supervivencia social: la familia. Ha sido la solidaridad y la cohesión de las familias las que han protegido a una inmensa masa de ciudadanos sin recursos. Muchos padres, ya jubilados han vuelto a acoger en sus hogares a hijos, a veces con su propia familia, para subsistir con la pensión de los mayores. Otros, les han ayudado cada mes en sus gastos. O han permitido que, hijos que ya deberían ser independientes, prolonguen su estancia en el hogar indefinidamente. Sin embargo, en las políticas gubernamentales, las familias como ente social aproteger, apenas cuentan.

Ante esta situación, cabe plantearse una reflexión profunda sobre la legislación de las regulaciones empresariales en nuestro país. Sabemos que toda relación laboral es temporal en su concepción, porque las empresas, los trabajadores y el mercado, están sometidos a ciclos económicos cada vez más cortos. Pero tampoco podemos aceptar que la única forma de encontrar trabajo sea a base de contratos cuyos salarios y duración son escandalosamente pequeños. Además, España padece una crisis demográfica trepidante y necesitamos que jóvenes padres y madres encuentren empleos que les permitan planificar con esperanza de éxito nuevas familias. Estamos ante la espada y la pared. No podemos retroceder más en derechos laborales aun a costa de arriesgarnos a ser poco competitivos ante los inversores.

Si los salarios no nos permiten una subsistencia digna y con perspectivas de futuro de nada nos sirven las inversiones y las empresas.

Debemos ofrecer más posibilidades de beneficio empresarial sin bajar más los sueldos.

Y tenemos mucho margen de mejora. Formación profesional, levantamiento de las trabas burocráticas a la creación empresarial, unificación legislativa en las licencias y requisitos para todas las comunidades autónomas, persecución de los fraudes de ley tanto en los contratos como en el comportamiento de los trabajadores, asunción de los costes laborales completos para las madres y padres lactantes, mayor honradez y eficiencia en la administración de los recursos públicos para poder disminuir la carga impositiva, etc…,

Otra política es posible. Otra política es necesaria. Otra política es urgente.

Recordemos que en una democracia, como en España, los que deciden la política, incluida la laboral, son los votantes, los ciudadanos…, los asalariados  al fin y al cabo.

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