Riba-roja afronta dos demandas vecinales de 3’3 millones de euros del anterior gobierno del PP

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Barranc de les Monges.

El ayuntamiento de Riba-roja de Túria afronta dos demandas judiciales por parte de sendos vecinos por una ocupación de sus terrenos privados ocurrida hace casi 20 años sin que desde entonces ni se les haya indemnizado económicamente ni tampoco se les haya permutado los citados terrenos por otros de titularidad municipal. Los propietarios han iniciado un recurso contencioso-administrativo de Valencia contra el consistorio.

El ayuntamiento de Riba-roja de Túria afronta dos demandas judiciales por parte de sendos vecinos por una ocupación de sus terrenos privados ocurrida hace casi 20 años sin que desde entonces ni se les haya indemnizado económicamente ni tampoco se les haya permutado los citados terrenos por otros de titularidad municipal. Los propietarios han iniciado un recurso contencioso-administrativo de Valencia contra el consistorio.

El primero de los terrenos afectados se ubica en el denominado Barranc de les Monges de Riba-roja donde el ayuntamiento local, presidido por el ex alcalde Francisco Tarazona, del PP, ocupó en el año 2005 más de 2.000 metros cuadrados de extensión para construir en el interior un anfiteatro y una área de esparcimiento al aire libre, para lo que acordó con la familia propietaria una futura permuta en un área urbana indeterminada, en función del crecimiento y la expansión del casco urbano.

Sin embargo, del proyecto inicial sólo se ejecutó la primera de las fases consistente en el acondicionamiento interior de los terrenos y la construcción de un puente colgante, con un presupuesto de 1’5 millones de euros aportados por la Generalitat. La segunda fase quedó paralizada por la falta de fondos económicos y, por tanto, la construcción del mencionado auditorio al aire libre todavía no se ha ejecutado.

La familia propietario decidió denunciar los hechos en el año 2012 por el incumplimiento del gobierno popular ya que ni recibieron dinero ni terrenos como permuta tal y como habían acordado, previamente, con los dueños. Por ello, reclaman al ayuntamiento de Riba-roja un total de 2’2 millones de euros por la ocupación de los terrenos, además de un recargo añadido de 550.000 euros más, por el tiempo transcurrido desde la ocupación.

Los propietarios aportan en sus escritos presentados en el ayuntamientos de Riba-roja estudios e informes elaborados por topógrafos y arquitectos donde constan la superficie afectada y el valor económico actual de mercado de la misma.

Campo de fútbol municipal

El otro litigio judicial en el que está involucrado el Ayuntamiento se sustancia en el proceso de construcción del actual campo de fútbol municipal que se remontan al año 1998 cuando se acordó con los propietarios de los terrenos del citado enclave la ocupación a cambio de suelo en el futuro plan urbanístico del Calvari que nunca llegó a materializarse y, por tanto, las promesas quedaron el papel mojado.

No obstante, a día de hoy los ocho propietarios de los terrenos del campo de fútbol afectados ni han recibido compensación económica en metálico ni tampoco han percibido una permuta de suelo en el Calvari. Además, estos afectados tampoco pueden reclamar al ayuntamiento la expropiación forzosa porque han transcurrido más de dos años desde la ocupación de los terrenos.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado «el enorme perjuicio económico que estamos pagando actualmente por la dejadez y la mala gestión llevada a cabo por el Partido Popular a lo largo de los veinte años de mandato, además de la mala imagen que proyectamos en el exterior por culpa de los gobiernos del ex alcalde Francisco Tarazona y de los que formaba parte también la actual portavoz del PP, María José Ruiz; no hay que olvidar tampoco el perjuicio que han sufrido durante estos años los propietarios de los terrenos que no han podido disfrutar ni de dinero ni de ningún tipo de permuta de suelo».

Raga ha añadido «la deficiente gestión del PP en materia urbanística ya que si en su momento hubiese negociado con los propietarios de los terrenos afectados una salida positiva para ambas partes, ahora no tendríamos que llegar a los tribunales, que en su caso podrían suponer un nuevo desembolso económico para las arcas municipales que se añaden a los más de 800.000 euros abonados por la expropiación de Montealcedo o los más de 60.000 euros por los depósito de agua del Calvari».

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