Respuestas e interrogantes que deja la detención de Jorge Rodríguez

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Presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, administración desleal, delitos societarios, negociaciones prohibidas, ocultación de información y malversación de fondos públicos. Traducido: fraccionamiento de contratos en la Diputación de Valencia y contratos de altos cargos es lo que está detrás de la operación ‘Alquería’ que ha empezado esta mañana con la detención del Presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez.

Pero el resto de detenciones, las de el jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Ricard Gallego, los gerentes de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra, Agustina Brines y Xavier Simón, y el secretario de Divalterra, Jorge Cuerda, dejan interrogantes en la operación, bajo secreto de sumario todavía.

El fraccionamiento de contratos en la Diputación de València sería el origen de la operación policial, y esto explicaría los registros en Diputación y en Divalterra, pero no exactamente el que se lleva a cabo desde este mediodía en el Ayuntamiento de Ontinyent, del que es alcalde Jorge Rodríguez.

Todo arranca con una denuncia del PP el 30 de noviembre de 2016 ante la Fiscalía Anticorrupción y ampliada el 29 de diciembre de ese mismo año. En la denuncia se habla de posibles delitos de administración desleal de la sociedad, delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos. La denuncia acabó archivándose, pero el PP cambió de estrategia y acudió al juzgado de guardia.

Las fecha no cuadran con la posible responsabilidad de Xavier Simón uno de los cogerentes de Divalterra, nombrado en noviembre de 2017, y que por lo tanto no tendría responsabilidad teórica en estas gestiones previas. Pero el hombre fuerte designado por los socialistas en Divalterra tras la salida de Víctor Sahuquillo, también ha sido detenido hoy.

 

El origen

Un informe del auditor interno ponía el acento sobre la contratación de servicios sin contrato ni presupuesto en Divalterra, igual que compromisos de gasto sin la documentación necesaria, o fraccionando los mismos para que no alcanzaran los 18.000 euros.

Según ha publicado ElDiario.es entre las denuncias hay tres contratos con la misma letrada, Emma Ramón Bautista, por la “contratación de servicios de defensa en juicio” para Divalterra por 90.000 euros más IVA y más gastos, servicios que serían dos contratos de adjudicación directa por 12.000 euros y 18.000 euros y otro por procedimiento negociado sin publicidad por 60.000 euros más IVA. Emma Ramón Bautista representó al exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, ex jefe de Gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y ex número tres del PSPV con Ximo Puig, en otros procedimientos.

El papel de Agustina Brines, la co gerente nombrada por Compromís en Divalterra sí sería más claro y con responsabilidad desde 2015, al igual que el secretario de Divalterra, Jorge Cuerda.

Pero no queda clara la implicación del Jefe de Gabinete de Jorge Rodríguez, Ricard Gallego, también detenido hoy, y cuya influencia abarca toda la Diputación.

 

La denuncia que se une de Ciudadanos

Desde Ciudadanos también se atribuye el origen de la operación afirmando que el pasado mes de abril denunció posibles irregularidades en contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación de València Divalterra.

El representante de Cs en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, de Paterna, presentó esa denuncia contra el presidente de la Corporación provincial por presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección en la nueva Imelsa. La Fiscalía acabó interponiendo denuncia en el mes de mayo.

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