Un operativo en La Pobla de Farnals, Nàquera, Museros, El Puig y Castellar – Oliveral permite incautar 300.000 mascarillas caducadas

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Material sanitario incautado
Material sanitario incautado

La Guardia Civil ha detenido a 14 personas por vender mascarillas y material sanitario caducado. Hasta el momento, se han incautado más de 300.000 mascarillas que llevaban caducadas desde noviembre de 2014. A los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

En los registros practicados en Valencia, Zaragoza y Gipuzkoa, la Guardia Civil ha encontrado además gran cantidad de material sanitario caducado como guantes, medicamentos, jeringuillas, equipos de oxigenoterapia o botellas de drenaje.

Además del material caducado, se han incautado 64.525 euros y se han bloqueado 33 cuentas bancarias. En 16 de estas cuentas bancarias se han bloqueado 80.000 euros

Para evitar ser descubiertos, los ahora detenidos cambiaban los envases originales en los que se indicaba la fecha de caducidad. Con este fin, sacaban las mascarillas de sus cajas y las introducían en bolsas transparentes en las que ya no constaba fecha alguna.

La operación Face Mask comenzó justo después de la declaración del estado de alarma cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un transporte de 252.000 mascarillas caducadas entre Andoáin (Gipuzkoa) y Pobla de Farnals.

María Gámez ha destacado que “esta investigación adquiere aún más relevancia por haberse producido en un momento de gran demanda de material sanitario y donde existía dificultad para su adquisición”. En este contexto es en el que la red desmantelada compró el material caducado a una empresa que lo obtuvo a su vez de otra, ubicada en Valencia, en un proceso concursal.

También contaban con otro material sanitario que carecía de la correspondiente documentación exigida, y que posteriormente falsificaban para introducirla en el mercado.

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Dicha falsificación consistía en aportar supuestos certificados de los organismos notificadores, los cuales no se habían realizado. En otras ocasiones, introducían modificaciones de las declaraciones UE de conformidad del fabricante.

Una vez que el material sanitario se encontraba en las naves de distribución localizadas en la provincia de Valencia -Náquera, Museros, Castellar-Oliveral y Puig- , era trasladado a diferentes localidades de España.

Los detenidos actuaban como comisionistas procediendo a la venta del producto, unas veces aportando un certificado no válido de otros países y otras veces vendiendo los productos con certificados del organismo notificado o declaraciones UE de conformidad del fabricante que no correspondían con dichos productos o falsificándolos.

Asimismo, y debido a que no podían distribuir las mascarillas caducadas con sus correspondientes cajas en las que constaba la fecha de caducidad, éstos sacaban las mascarillas quirúrgicas de las cajas y las introducían en bolsas transparentes, para introducirlas posteriormente en cajas más grandes donde ya no constaba la fecha de fabricación ni fecha de caducidad .

 

Incautan 300.000 mascarillas caducadas

Asimismo, los responsables de la citada empresa preferían distribuir las mascarillas caducadas a empresas para que las utilizaran sus empleados, antes que distribuirlas en farmacias, ya que en éstas existe un mayor control tanto del envasado como de la documentación que ampara la fabricación, comercio, distribución y puesta a la venta al público. Para distribuirlas, introducían en una caja pequeña un pack conteniendo unos guantes, una mascarilla y gel hidroalcohólico, todo ello caducado.

Durante la investigación se constató también que trataron de realizar compra-venta de estos productos sanitarios o Epi,s a Países como Portugal, Italia , Colombia o Turquía

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El material caducado llegó a distribuirse a empresas de Zaragoza y Valencia así como a través de Internet. Los investigadores también han constatado que trataron de exportarlos a países como Portugal, Italia, Colombia y Turquía.

La operación FACE MASK ha contado con el apoyo de técnicos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el trabajo (INVASSAT) e inspectores de farmacia de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Massamagrell.

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