Aplazado el desalojo de 31 familias en la Pobla de Vallbona mientras ayuntamiento y conselleria buscan solución


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Juzgados de Llíria

El desahucio que estaba previsto para este miércoles, ha sido aplazado al próximo 8 de febrero con el objetivo de buscar soluciones alternativas para poder ayudar a las familias y se ha creado para ello una comisión mixta de seguimiento.

El juzgado de Llíria ha atendido el recurso del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona en que se solicitaba la suspensión del desahucio de 31 familias de la Pobla de Vallbona. El consistorio presentó los informes de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales que demuestran que estas familias no disponen de otra alternativa habitacional, logrando finalmente que se aplace el desahucio, que iba a ser este miércoles 9 de diciembre, al próximo 8 de febrero.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, se ha reunido con el alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent García, para estudiar soluciones conjuntas para las más de 30 familias afectadas. Asimismo, Dalmau ha manifestado que «no descarta la compra por vía de emergencia de estas viviendas para garantizar una alternativa habitacional a estas familias».

El vicepresidente ha declarado que la aplicación de los mecanismos de la ley han hecho que finalmente se suspendiera el desalojo y ahora «es tiempo de buscar soluciones que pasan mayormente porque la gente pueda permanecer en sus casas». Entre ellas está la negociación con los fondos de inversión, propietario de las viviendas, a través de alquileres sociales ya que, según ha señalado, «estas familias en ningún momento se han negado a pagar cualquier tipo de alquiler».

Asimismo, otra de las soluciones planteadas es la compra directa de las viviendas por parte de las instituciones valencianas para que formen parte del parque público de la Generalitat y acordar un alquiler social con las familias.

El vicepresidente, durante la visita a la Pobla de Vallbona, ha querido conocer de primera mano la situación de estas familias y ha conversado con ellas. «Nos han mostrado su satisfacción y su tranquilidad porque saben que las instituciones están a su lado», ha asegurado Dalmau. También ha querido resaltar el trabajo realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha denunciado estas agresiones contra el derecho de la vivienda.

La satisfacción por la suspensión de este desalojo, es otro aspecto en el que Dalmau ha hecho hincapié «la amenaza más importante que hemos tenido en los últimos años de 38 familias que se iban a ir a la calle. Más de 90 personas que, si las instituciones valencianas no hubieran actuado con serenidad, ahora tendrían una situación enormemente compleja».

Recordemos que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denunció la orden de desahucio de las 31 familias vulnerables en la Pobla de Vallbona, citándose en el Juzgado de Llíria para presentar un escrito de paralización y evitar que estas personas, que se encuentran en riesgo de exclusión, sean expulsadas de sus viviendas alquiladas desde 2015.

Y es que, desde que la PAH puso en conocimiento de la conselleria el desalojo, la Dirección General de Emergencia Habitacional se puso a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento para encontrar una solución a estas familias.

El objetivo era lograr la suspensión del desalojo previsto para este miércoles y disponer de unos meses para estudiar las posibles opciones habitacionales y dar una respuesta efectiva, causando el menor perjuicio posible.

Tras días de reuniones y tramitaciones se logró el primer paso, la suspensión del desalojo por parte del Juzgado de Llíria, ya que los informes de vulnerabilidad presentados por los servicios sociales municipales demuestran que estas familias no disponen de otra alternativa habitacional. Y ahora el objetivo es que en estos dos meses se pueda buscar una solución conjunta entre la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento.

En la reunión de este miércoles, el vicepresidente ha estado acompañado por el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, y la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris. En ella se ha acordado crear una comisión mixta de seguimiento formada por representantes de la Conselleria, el Consistorio, la PAH y los propios vecinos.

El alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent García, se ha felicitado por el resultado y ha asegurado que se ha ganado tiempo para que las instituciones negocien: «Nuestra intención es conseguir un alquiler social para estas familias y se ha demostrado que cuando las instituciones van a una y hay una clara determinación de reconocer el derecho a la vivienda, las cosas se consiguen».

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