Los citados a declarar por el Caso Porxinos no se personan en la convocatoria y contestarán por escrito a las preguntas

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Uno de los momentos del pleno.

Los representantes que conforman la comisión de investigación de Porxinos, presidida por el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y formada por Mª José Ruiz, Partido Popular; Mª Teresa Ruiz, Ciudadanos; Teresa Pozuelo, PSOE; Rubén Ferrer, Riba-roja Pot; Rafa Folgado, Compromís; y Rafa Gómez, EU; han acordado consensuar una propuesta de preguntas que remitirán por escrito a los responsables que gestionaron el plan urbanístico de Porxinos, suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y que no se han personado a declarar en el Ayuntamiento.

En la pasada convocatoria, se acordó llamar a comparecer al ex conseller, Rafael Blasco, al ex alcalde Francisco Tarazona y a los ex presidentes y directivos del Valencia, Vicente Soriano, Juan Bautista Soler, Manuel Llorente Martí y Amadeo Salvo. Tras recibir notificación oficial de la convocatoria, ninguno de los afectados se ha personado en las dependencias municipales. Según ha manifestado el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, “únicamente Amadeo Salvo ha declarado su intención de comparecer y ha solicitado verbalmente que se le aplazara la comparecencia justificando su ausencia por viaje de negocios”.

Además de la propuesta que cada grupo presentará con la batería de preguntas a formular a los citados a declarar, los portavoces podrán plantear si creen necesario que se cite a otros responsables con el fin de que esclarezcan presuntas irregularidades y anomalías cometidas en el planeamiento del PAI de Porxinos.

Querella por un delito de prevaricación

En el transcurso de la comisión, el portavoz de Riba-roja Pot, Ruben Ferrer ha hecho alusión a tres parcelas que se sacaron del PAI de Porxinos. En relación a estas parcelas, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha entregado a los miembros de la comisión copia de la nota simple de las mismas, facilitada por el Grupo Municipal Socialista y se ha acordado que se solicite la certificación literal al Registro.

Paralelamente, Raga ha hecho entrega a los diferentes grupos de la querella interpuesta por el Partido Socialista por un delito de prevaricación contra la ordenación del territorio contra varios miembros del anterior gobierno ante el Juzgado de Instrucción de Llíria y que fue archivada de forma provisional. En este sentido, la portavoz popular, Mª José Ruiz ha anunciado que aportará a los diferentes grupos los recursos y sentencias correspondientes relativas a la anulación del PAI de Porxinos.

La concejal de Ciudadanos, Maite Ruiz ha manifestado su preocupación ante la amenaza existente de que el Ayuntamiento se vea obligado a devolver los 25 millones y ha planteado “la necesidad de asesorarse legalmente”. En este sentido, la Comisión ha acordado esperar los resultados del informe del Consell Juridic Consultiu, que determinará la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.

La Comisión fijará a finales de mayo una próxima convocatoria.

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