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19 de septiembre de 2021
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Laura Mitrugno: “El Ayuntamiento de Benaguasil ha obviado la libre concurrencia, la publicidad y la igualdad de trato para otras empresas”

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Laura Mitrugno en uno de los momentos de la entrevista

El PSOE presentó ante la Fiscalía una denuncia tras las declaraciones del concejal popular, Stephane Soriano, afirmando que su pareja figura en la empresa que pretende relanzar el PAI, por ello los socialistas entienden que “han obviado la libre concurrencia, la publicidad y la igualdad de trato para otras empresas”, tal y como explica a Comarcal CV la portavoz socialista de Benaguasil, Laura Mitrugno.

El PAI, fue un proyecto aprobado en 2009 que preveía la construcción de 4.500 viviendas, duplicando la edificabilidad actual del municipio, e incluía un campo de golf, instalaciones hípicas, centros comerciales y un hotel de 250 habitaciones. Tras un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre los usos del agua y el estallido de la burbuja inmobiliaria, el proyecto quedó en manos de otras actuaciones urbanísticas encabezadas por el PP.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) condenó al consistorio a abonar los 3,5 millones de euros que las inmobiliarias encargadas del proyecto, agrupadas en Benaguasil Urbana, solicitaban como indemnización tras no haberse ejecutado el PAI. El Tribunal Supremo desestimó el recurso del consistorio contra esta sentencia.

Este asunto se volvió a poner encima de la mesa, tras las declaraciones del concejal popular, Stephane Soriano, al reconocer en un pleno que su pareja “desde hace más de nueva años” figura en la empresa participada por el fondo de inversión que pretende relanzar el PAI y explicó que se habían producido reuniones en Londres y en Benaguasil sin que el resto de partidos estuviera al tanto.

Finalmente, el PSPV-PSOE de Benaguasil presentó hace unos días una denuncia a la Fiscalía de Valencia, por la vinculación de la pareja del portavoz del PP en la localidad con un fondo de inversión que pretende relanzar una actuación urbanística anulada por la justicia y por la que el consistorio hubo de abonar una indemnización de casi 4 millones de euros al agente urbanizador inicial.

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