La Unió critica a la consellera de Agricultura por “eludir responsabilidades” en las licencias de granjas.

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Granja de cerdos

La Unió de Llauradors i Ramaders ha cuestionado el posicionamiento de la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, referente a la problemática sobre las licencias para granjas,y  que considera que “elude sus responsabilidades” en este asunto. Un comunicado que llega tras hacerse público el proyecto para una instalación de 30.000 cerdos en Ayora, aunque desde la organización aseguran que nada tiene que ver una cosa con otra.

Ramón Mampel, secretario general de La unió, indica que han trasladado este problema ya directamente a la consellera y a su equipo varias veces, y es muy claro al respecto: “O la consellera Elena Cebrián desconoce la realidad del mundo rural valenciano o alguien le está asesorando mal porque dice cosas que no son ciertas y se llenan la boca de una agenda antidespoblamiento, pero olvidan que las granjas generan rentas en muchos municipios de zonas económicamente deprimidas en las que cada vez es más difícil que sus habitantes permanezcan”.

Mampel indica que lo cierto es que “entre unas cosas y otras los ganaderos de la Comunitat Valenciana que desean abrir o ampliar una granja tienen cada vez más trabas burocráticas para ejercer la actividad y los trámites son eternos -hasta cuatro años en algunos casos-, situación que contrasta con la actitud diligente de otras comunidades autónomas donde facilitan la actividad”.

El problema donde se bloquean los expedientes, tanto de apertura como ampliación o regularización administrativa de granjas ya en funcionamiento, proviene de la exigente normativa en la Comunitat Valenciana para lograr el informe de impacto ambiental. Por ejemplo, en comunidades vecinas como Aragón, Cataluña o Castilla la Mancha se requiere el visto bueno ambiental en una granja de porcino a partir de una capacidad de 2.000 plazas de cerdos, mientras que en la Comunitat Valenciana es imprescindible para instalaciones de solo 400 plazas.

En sus últimas declaraciones o en su reciente intervención en les Corts el pasado 5 de junio la consellera califica como “enormes” las granjas con una dimensión rentable cómo son las de más de 2.500 plazas de engorde de porcino o las de más 85.000 pollos de engorde, cuando por ejemplo en las comunidades autónomas vecinas esto ni se cuestiona mientras cumplan la legalidad vigente.

Por otra parte, las explotaciones ganaderas que se tramitan a través de una licencia ambiental, entre 400 y 2.500 plazas de engorde de porcino y entre 10.000 y 85.000 plazas de pollos de engorde, también pasan por Conselleria debido a la tramitación del estudio de impacto ambiental y por ello la práctica totalidad de los expedientes de legalizaciones de explotaciones ganaderas pasan por la Generalitat.

La Unió señala que los Ayuntamientos dan la licencia ambiental, pero necesitan el visto bueno de la Conselleria para el impacto ambiental y por tanto la legalización no depende única y exclusivamente de los Consistorios como afirma la consellera Cebrián en reiteradas ocasiones, eludiendo la responsabilidad en este asunto que compete a su departamento.

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