La defensa de Rodríguez cuestiona la actuación de la policía por haberlo encarcelado y por requisar correos privados de más de 15 años

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Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent.

Jorge Rodríguez estuvo detenido durante 31 horas y media y su defensa considera que se vulneró la intimidad y el secreto de las comunicaciones

«¿Era necesaria la detención. No consta que Rodríguez pusiera impedimento a la Udef para que entrara en su casa o para que se llevara sus instrumentos telemáticos?». Así ha cuestionado la actuación policial de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) la defensa de Jorge Rodríguez en la primera sesión del juicio del ‘caso Alquería’.

Concretamente Jorge Rodríguez estuvo detenido durante 31 horas y media, desde las 8.30 horas del 27 de junio de 2018 hasta las 16 horas del día siguiente. «La policía puede detener sin orden judicial pero le es aplicable la Constitución y la LeCrim, que expone que toda persona tiene derecho a la libertad; y que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos», ha indicado la abogada.

Se trata, pues, -ha añadido- de una medida «excepcional» y «debe ser proporcional al derecho a la libertad». «¿Era necesaria la detención. No consta que Rodríguez pusiera impedimento a la Udef para que entrara en su casa o para que se llevara sus instrumentos telemáticos. Le constaba arraigo familiar y no tenía antecedentes policiales ni penales. ¿Se cumplió la excepcionalidad de la medida? Entendemos que no y que se vulneró el derecho a la libertad», ha agregado.

Por último, la abogada ha afirmado que se vulneró la intimidad y el secreto de las comunicaciones puesto que, entre otras cuestiones, se intervino el correo electrónico privado de Jorge Rodríguez desde 2003, 15 años de la fecha de la apertura del caso. La letrada entiene que  se deberían haber limitado las descargas de correos electrónicos de Rodríguez a sus conversaciones con los diferentes gerentes de Divalterra.

La defensa de Rodríguez también ha solicitado al tribunal que su representado declare al final del juicio por el caso Alquería con el objetivo de garantizar su derecho de defensa. La letrado ha pedido esta declaración final para que tenga lugar una vez practicada la prueba pericial y documental. En el calendario inicial estaba previsto que los acusados declarasen al comienzo de la vista. La abogada defensora ha justificado su petición en que «solo así, con el pleno conocimiento de la causa y asesorado por su dirección letrada, Rodríguez podrá ejercer con plenitud su derecho de defensa».

En esta primera sesión el proceso se ha reducido a 14 acusados tras absolver este mismo día el tribunal a uno de los exdirectivos de Divalterra -empresa pública de la corporación provincial ya cerrada y que había sustituido a la antigua Imelsa-, Pau Pérez, tras pedirlo las acusaciones populares -PP y Acción Cívica-.

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