El pago de la pensión de alimentos, en jaque para muchos progenitores por la Covid-19

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La reducción parcial o total de ingresos es el principal motivo por el que los padres no pueden afrontar con garantías el pago de la pensión de sus descendientes

 

Son muchos los problemas que abordan en los últimos meses a prácticamente la totalidad de la sociedad. Los más importantes y que más atención mediática reciben son sin ningún lugar a dudas los sanitarios. Sin embargo, la incidencia de la pandemia ha ido más allá y existen otro tipo de dificultades que no deben pasarse por alto. El océano de medidas, protocolos y restricciones instauradas para combatir al virus ha generado de forma indirecta una serie de daños colaterales que acentúan los estragos económicos y ponen en jaque el pago de cuotas tan cotidianas como un alquiler, unas facturas, o una pensión de alimentos. 

Este último ejemplo, el de la pensión de alimentos, está suponiendo todo un quebradero de cabeza para muchos padres separados o divorciados que, ante la reducción parcial o total de sus ingresos, no saben cómo afrontar esta obligación económica clave en la manutención de su hijo o hijos. ¿Qué es importante saber en una situación como esta?

La pensión de alimentos es obligatoria

Dado el agobio económico que está generando la actual situación, son muchas las consultas que reciben los abogados de familia preguntando si existe alguna forma de eludir, aplazar o reformular el pago de la pensión de alimentos. Ante esta pregunta, la abogada especialista Carolina Torremocha siempre indica lo mismo. Y es que “la pensión de alimentos es obligatoria y en pocos supuestos, como puede ser la falta absoluta de ingresos y en situaciones prácticamente de indigencia, se deja sin efecto”.

Partiendo de esta base, la letrada valenciana añade que “en el caso de que exista un impago, es importante tranquilizar a los progenitores”. Muchos son los que preguntan si pueden entrar en prisión por no abonar la pensión de alimentos, a este respecto hay que tener claro que “la respuesta es negativa”.

Es más, Carolina Torremocha recalca que “si la pensión de alimentos no se abona porque no se puede (imposibilidad económica), no habrá consecuencias penales”. En cualquier caso, hay que aclarar que una cuestión bien distinta es que se genere una deuda y que esta se pueda abonar con posterioridad, como puede ser con “pagos de manera fraccionada”, tal y como reconoce la especialista.

¿Qué es lo más recomendable en esta situación?

A nadie se le escapa que la reducción de los ingresos, merced de supuestos de cierres de negocios o despidos provocados por la crisis sanitarias, afectan a la cuantía que se debe abonar en concepto de pensión de alimentos. Para no “generar impagos que tengan consecuencias civiles e incluso penales”, la abogada valenciana ofrece posibles soluciones.

La primera opción es “iniciar cuanto antes un procedimiento de modificación de medidas para reducir la pensión de alimentos”. Incluso, apunta que se podría lograr “una tramitación más ágil” con una “solicitud de modificación provisional”.

Otra posibilidad es “buscar un acuerdo para situaciones puntuales y que se haga constar por escrito”. Este supuesto encaja a la perfección en casos como en los que “uno de los progenitores está afectado por un ERTE, por ejemplo, y se pacta una reducción en un tanto por cien de la pensión de alimentos hasta que dicho progenitor vuelva a incorporarse a su puesto de trabajo”.

A fin de cuentas “son pactos legítimos y evitan procedimientos posteriores de ejecución de pensión de alimentos”. En cualquier caso es importante recalcar que absolutamente siempre deben constar por escrito, para poder acreditar posteriormente este pacto en caso de disconformidad o disputa.

Dejar de pagarla de forma deliberada es un delito

El especialista en derecho penal Arturo González, de Dexia Abogados, confirma que “dejar de pagar la pensión de alimentos de un hijo o hija siempre que haya una resolución judicial que así lo ordene puede llegar a constituir un delito penal”. Así se refleja en el artículo 227 del Código Penal, que se encarga de recoger este tipo de delitos en la sección de ‘abandono de familia’.

De esta manera, en dicho precepto se habla de “el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial”. Por su parte, las penas van “desde el pago de una multa de 6 a 24 meses, hasta la pena de prisión de 3 meses a 1 año”, tal y como apunta el penalista.

Para concluir y en el caso último de querer iniciar una reclamación, el propio Arturo González reconoce que existen dos vías para efectuarla, siendo la civil “la más común, con intentos de acuerdos por vía amistosa o extrajudicial” y la penal la última ratio a utilizar por parte del afectado, porque entraña los medios más lesivo para los intereses de la parte contraria del procedimiento”.

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